Óscar Chivite defiende la legalidad de la adjudicación de Belate y niega cualquier injerencia política

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha asegurado este martes en el Parlamento foral que no ha existido ninguna irregularidad ni interferencia política en la licitación y adjudicación de las obras de los túneles de Belate, un proceso que, según ha subrayado, ha sido “legal, transparente y sin corrupción”.

Chivite ha realizado estas afirmaciones durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Ejecutivo foral, donde ha centrado su intervención inicial en delimitar las responsabilidades políticas y técnicas en este tipo de procedimientos administrativos. El consejero ha explicado que las controversias surgidas en la mesa de contratación fueron anteriores a su toma de posesión al frente del Departamento.

En este sentido, ha señalado que las comparecencias previas de los miembros de la mesa de contratación han dejado claro que no se produjo ninguna injerencia política en el proceso. Chivite ha recordado además que el expediente de adjudicación de las obras de Belate fue auditado por la Cámara de Comptos y que su presidente manifestó que la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra analizó en profundidad el contrato sin detectar ninguna ilegalidad.

El consejero ha insistido en que el papel de un consejero en los procesos de licitación está “limitado exclusivamente” a los trámites de información pública y ha recalcado que ni él ni la presidenta del Gobierno, María Chivite, participan en la adjudicación o en el control de las obras. “Son procedimientos que recaen en técnicos y funcionarios”, ha afirmado, antes de precisar que no ha firmado ningún documento relacionado con la adjudicación de Belate.

Chivite ha añadido que, hasta donde se conoce, las obras de los túneles de Belate no forman parte de ninguna investigación judicial. Según ha indicado, después de dos años y medio desde la licitación no se ha abierto ninguna causa porque el procedimiento se ha ajustado a la legalidad y no existen indicios de corrupción.

Durante su comparecencia, el consejero ha profundizado en el alcance concreto de sus competencias y en el funcionamiento de los procedimientos de contratación, amparándose en el decreto de estructura 249/2023. Según ha explicado, sus atribuciones se limitan a la aprobación de los proyectos y a su información pública, pero no alcanzan ni a la adjudicación ni al control de la ejecución de las obras. “Yo no he firmado ningún documento sobre la adjudicación de Belate, porque ni los consejeros ni la presidenta participamos en los procesos de adjudicación”, ha recalcado, insistiendo en que se trata de procedimientos “controlados por técnicos y funcionarios”.

Chivite ha defendido que el contrato de los túneles de Belate es “absolutamente legal”, al no existir ningún pronunciamiento judicial que lo haya anulado ni suspendido. Ha subrayado que todos los actos administrativos derivados del procedimiento “son eficaces” y ha explicado que, frente a los informes críticos de algunos técnicos, existen también dictámenes de la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra que sostienen que el procedimiento se ajustó a la legalidad. En este sentido, ha insistido en que las obras “no forman parte de ninguna investigación judicial” y que, dos años y medio después de la licitación, no se ha abierto ninguna causa relacionada con este expediente.

En relación con las controversias surgidas en el seno de la mesa de contratación, el consejero ha negado que se produjeran interferencias irregulares y ha enmarcado las discrepancias como parte del funcionamiento ordinario de un órgano colegiado independiente. A su juicio, se trata de “deliberaciones dentro de una mesa independiente”, con capacidad para autogestionarse, orientadas a encontrar “la mejor fórmula para adjudicar a la empresa que más se lo merece”, y no de presiones políticas sobre el resultado final.

El consejero también se ha referido a las discrepancias existentes en torno a los modificados y sobrecostes de la obra, señalando que se ha remitido a las actas finales y a las resoluciones firmadas por los técnicos e interventores que participaron en el procedimiento. Según ha sostenido, existe un informe del interventor general que considera el contrato de Belate “perfectamente legal”, lo que, a su juicio, refuerza la validez del proceso seguido pese a los reparos formulados durante su tramitación.

En cuanto a la gestión interna del Departamento, el consejero ha negado haber pedido que se apartase al letrado Lorenzo Serena ni a ningún otro técnico ni haber promovido represalias, y ha explicado que los cambios organizativos se han producido en el marco de reestructuraciones internas, “potestad del director general”, en la que ha dicho confiar. Ha recordado además que el propio técnico que denunció las irregularidades solicitó posteriormente rectificaciones para aclarar que no había hablado de una “adjudicación a dedo”.

Asimismo, Chivite ha explicado que el relevo en la Dirección General de Obras Públicas fue una decisión de la presidenta del Gobierno tras una reunión con los socios de la coalición, al considerar que el director general había sido responsable de una “tramitación inadecuada” del modificado de la obra. Aunque ha agradecido públicamente su trabajo y su disposición, ha señalado que acató la decisión “sin cuestionarla”, en el marco del funcionamiento ordinario del Ejecutivo.