Solicitan a Naciones Unidas que ”la imprescriptibilidad del delito de tortura se recoja como obligación” en el caso Sorzabal

El Observatorio Vasco de Derechos Humanos (GEBehatokia) ha decidido llevar el caso de Iratxe Sorzabal ante la ONU. El organismo solicita a laCEDAW“instar a que la imprescriptibilidad del delito de tortura sea recogida expresamente como obligación y compromiso internacional, de manera que su cumplimiento por parte de los Estados sea ineludible y no sea utilizado como argumento que posibilita la impunidad de sus perpetradores”

GEBehatokia ha emprendido la iniciativa relativa al caso Sorzabal de presentar su caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en ingles).

Testimonio "nulo"

El Observatorio Vasco de Derechos Humanos ya había denunciado “el escándalo que supone que los tribunales españoles no actúen de oficio ante la sentencia absolutoria de Iratxe Sorzabal” por la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional basándose en que “la acusada fue sometida a tratos inhumanos durante su detención, en marzo de 2001”, cuando fue detenida por la Guardia Civil. 

La sentencia consideró además que su testimonio es “nulo de pleno derecho al haberse obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales de la acusada pues es consecuencia de malos tratos (aplicación de electrodos) que sufrió durante su detención y que tenían por objeto que la misma prestase declaración en los términos que se le indicaban, sin que exista ninguna otra prueba de cargo destructora de la presunción de inocencia que le favorece».

Reapertura del caso

Ante esta sentencia esta entidad presenta una demanda de reapertura del caso de torturas “contra los guardias civiles que participaron en su detención, interrogatorios y tortura ante el Juzgado nº13 de la Audiencia Nacional, que ya archivó su caso en el 2001 sin prácticamente ninguna investigación. Esta demanda se encuentra a la espera de resolución”. Por todo ello, advierten que, “si la justicia española no reacciona ante esta iniciativa, nos veremos obligadas a recorrer el camino internacional”.