Sánchez desclasifica los secretos del 23-F y olvida casos como el de Mikel Zabalza

Pedro Sánchez anunció ayer que el Gobierno español desclasificará hoy los documentos secretos del intento de golpe de Estado del 23-F. La decisión se produce cuando se cumplen 45 años del intento fallido de golpe de Estado que tuvo lugar en 1981 protagonizado por algunos mandos militares y policiales y con la duda sobre la connivencia en la asonada de agentes políticos. Su intento de frenar las reformas democráticas fue abortada tras horas de suspense e inquietud sobre su desenlace. 

“La memoria no puede estar bajo llave. Mañana [por hoy] desclasificaremos los documentos del 23-F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino», reza el mensaje que ha publicado esta mañana el secretario general del PSOE en su cuenta de la red social X.

La desclasificación de toda la documentación y los archivos relativos al 23-F se hará oficial hoy tras su aprobación por el Consejo de Ministros, 45 años después de la asonada, que es precisamente el plazo máximo de reserva que establece el proyecto la ley que presentó el Ministerio de la Presidencia y que está congelado en el Congreso. 

El PNV, que lleva alrededor de una década reclamando la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y presentando proposiciones de ley en cada legislatura, coincide en que, “efectivamente, la memoria no puede estar bajo llave”, pero por la misma lógica emplaza al Gobierno de Sánchez a desclasificar también los documentos sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, una represión policial que acabó con cinco sindicalistas muertos y del que en dos semanas se cumplen 50 años. También recuerda el caso de Mikel Zabalza, detenido por error el 26 de noviembre de 1985 en Donostia en una operación en la que fueron arrestados otros cinco sospechosos de estar vinculados a ETA. Fue hallado sin vida 20 días después en el río Bidasoa con signos evidentes de haber sido torturado. “Y a partir de ahí, todos los demás –remarcó la portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, en la red social X. Hagamos memoria de verdad, con todo”, apostilló la diputada jeltzale, en referencia al episodio de los Sanfermines de 1978, en los que murió Germán Rodríguez por un disparo de la Policía, así como otros casos de guerra sucia pendientes de aclarar. 

En similares términos se pronunció la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que consideró que la desclasificación de los documentos del 23F es “una buena noticia” que “debería de abrir la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo llave”, en concreto la matanza del 3 de marzo en Gasteiz, la represión en los sanfermines de 1978, el caso Zabalza y los crímenes de los GAL ocurridos bajo el Gobierno socialista de Felipe González.

En esta misma línea, la senadora de Geroa Bai recuerda que “la Ley de Secretos Oficiales, redactada por el franquismo y vigente hoy, sigue siendo utilizada para impedir el acceso a información clave como el asesinato de Mikel Zabalza” -el navarro cuyo cadáver apareció en el río Bidasoa tras ser detenido por la Guardia Civil-, lo que a su juicio supone “una auténtica vergüenza institucional”. Por todo ello, Barkos insta al Gobierno central a “derogar la Ley de Secretos Oficiales si de verdad existe una voluntad real de fortalecer la democracia frente a quienes quieren torpedearla”. 

Documentos reservados 

El texto de la ley que está en tramitación parlamentaria pone condiciones a la desclasificación automática, y se establece el límite de la desclasificación en los 45 años, casi el doble de lo inicialmente propuesto por el PNV en sus enmiendas para mejorar el texto.

La formación jeltzale plantea delimitar la desclasificación de los secretos oficiales en un plazo de 25 años, con una prórroga excepcional y motivada de diez años, mientras que para los documentos calificados como reservados solicita su desclasificación pasados diez años. Igualmente, establece que aquellas materias clasificadas que a la entrada en vigor de la ley hubieran cumplido ya los plazos establecidos queden automáticamente desclasificadas.

El proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento español para sustituir a la ley de Secretos Oficiales franquista prevé que el tiempo máximo de clasificación es de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años. De esta manera, los documentos reservados anteriores a 1981 serán desclasificados, lo que incluye aquellos relacionados con la dictadura y la Transición.

La competencia para clasificar y desclasificar información corresponde al Consejo de Ministros a a propuesta del presidente del Gobierno o de los ministros en el caso de ‘alto secreto’ y ‘secreto’ y de un número “tasado y reducido” de autoridades en las categorías de ‘confidencial’ y ‘restringido’. La ley introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con multas que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves.a los 2,5 millones de euros en los más graves

La desclasificación de los archivos del 23-F ha dividido a los socios del bloque de investidura que apoyan a Sánchez. Aparte del rechazo, por insuficiente, de los dos partidos abertzales en el Congreso, la iniciativa también fue cuestionada por Sumar, Podemos, ERC y BNG.

Desde el ámbito de Sumar, la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que se trata de un “acto de responsabilidad” con el pasado.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, también ve corta la iniciativa y reclamó impulsar una reforma de la ley de secretos oficiales. Más crítica fue la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, que reconoció no tener “mucha esperanza” porque considera que Sánchez se ha sacado de la “chistera” la desclasificación para “tapar” sus problemas “de gestión y liderazgo”.

En el PP, su portavoz Ester Muñoz, calificó el anuncio como otra “cortina de humo” de Sánchez, mientras que Vox, por boca de Santiago Abascal, considera “un insulto” desclasificar el 23-F. 

23-F: amplia documentación y muchas preguntas en el aire

A partir de su desclasificación, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.

Ente los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio sobre el 23-F que está custodiado en el Tribunal Supremo. Consta de 89 legajos y en él se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia –el CNI de la época llamado CESID–, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como “alto secreto”. También se incluyen las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación. En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como “alto secreto”; a los 35 años para los clasificados como “secreto”; entre siete y nueve años para la información “confidencial” y entre cuatro y seis años para la información “restringida”. 

La sentencia que condenó en 1982 a treinta personas por el intento de golpe de Estado cerró el capítulo judicial, pero no despejó muchas incógnitas en torno a una operación que hizo tambalearse a la democracia española. Siguen sin respuesta interrogantes como el papel que tuvo el rey Juan Carlos I, quién era el elefante blanco o qué sabían los servicios secretos.

Desde diversos ámbitos piden que se publiquen las grabaciones de las llamadas telefónicas mantenidas el 23 y el 24 de febrero de 1981 desde el Congreso con el exterior y desde el Palacio de la Zarzuela, así como las reuniones que mantuvieron en torno a esas fechas el rey Juan Carlos I, el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, o el general Alfonso Armada.