Javier Enériz Olaechea, Defensor del Pueblo entre 2007 y 2022, ha propuesto este viernes en el Parlamento foral que la reforma del Amejoramiento del Fuero reconozca a Navarra como “nacionalidad histórica”, incorpore la denominación de “Reino de Navarra” y avance hacia la oficialidad del euskera en todo el territorio de forma gradual. En su comparecencia ante la ponencia que estudia la actualización de la Lorafna, el jurista ha defendido que la norma se adapte a la evolución del Estado autonómico y refuerce el autogobierno.
Enériz ha planteado redefinir el estatus político de la Comunidad Foral. A su juicio, el texto debería recoger expresamente que Navarra es “una nacionalidad histórica y un territorio foral”. “Hoy en día se consideran nacionalidades Euskadi, Cataluña y Canarias; y nacionalidades históricas Galicia, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares”, ha recordado. También ha defendido que el fundamento de los poderes públicos no se apoye únicamente en la historia, sino también “en la voluntad del pueblo navarro”.
En ese mismo bloque ha propuesto ampliar la regulación de los símbolos institucionales para ser “más permisivos” con las distintas sensibilidades y revisar la denominación oficial. “Junto a la de Comunidad Foral se podría añadir la de Reino de Navarra, o al menos especificar que es su denominación histórica”, ha afirmado.
En materia lingüística, el exdefensor ha apostado por actualizar la terminología para eliminar el término ‘vascuence’ y reforzar el reconocimiento del euskera. “Señorías, yo soy partidario de la oficialidad del euskera en todo Navarra de forma gradual, que tenga en cuenta la realidad y voluntad de cada municipio”, ha afirmado. Como alternativa, ha planteado “una oficialidad parcial: zona vascófona, Pamplona y los municipios que así lo acuerden”, además de reconocer el derecho a dirigirse por escrito a las administraciones en esta lengua y recibir respuesta en ella.
Proteger las competencias y ampliarlas
En el ámbito competencial, Enériz ha defendido acelerar los traspasos pendientes desde 1982 y potenciar los convenios con el Estado para que la Administración foral preste servicios estatales con sus propios medios. También ha propuesto que el control de los decretos de transferencia corresponda únicamente al Tribunal Constitucional. “Lo que se interpreta en el fondo es la Lorafna y no un simple reglamento administrativo”, ha argumentado, al advertir de la “paradoja” de que una interpretación del Tribunal Supremo pueda quedar sin revisión constitucional.
El jurista ha abogado igualmente por ampliar el catálogo competencial de Navarra con materias que ya recogen otros estatutos autonómicos. Ha citado ámbitos como la seguridad pública y privada, la legislación procesal vinculada al Derecho Civil Foral, la protección de datos personales, las aguas, la homologación de títulos universitarios o determinadas competencias en extranjería e inmigración, además de funciones en medioambiente, aeropuertos o administración de justicia.
Asimismo, ha defendido reforzar la protección de las competencias históricas de Navarra mediante un listado específico en el Amejoramiento. “Sería muy recomendable recoger las materias en las que Navarra tiene competencias anteriores a 1978 para que sean conocidas por todos los poderes públicos”, ha señalado. Según ha explicado, ha identificado hasta 72 materias y considera necesario “tratar de recuperar, en la medida de lo posible, terreno en que Navarra ha sufrido pérdidas importantes por efecto del Tribunal Constitucional”, como en política económica, contratos públicos, Derecho Civil Foral o sanidad.
Ley electoral y convenio económico
Más allá de estos bloques, Enériz ha planteado consolidar en el Amejoramiento los elementos básicos del sistema electoral navarro —circunscripción única, método D’Hondt y barrera del 3 %— y estudiar la ampliación del censo a residentes extranjeros de larga duración, ciudadanos de la UE o navarros mayores de 16 años.
También ha propuesto desarrollar con mayor detalle el régimen del Convenio Económico para reconocer la potestad exclusiva de Navarra para regular sus tributos. A su juicio, la redacción actual del acuerdo de 1990 es “muy autolimitativa” y debería evolucionar hacia un modelo con “menor autosubordinación al Estado”.
Entre otras propuestas, el exdefensor ha planteado incorporar un título de derechos y deberes de la ciudadanía, actualizar la regulación del Parlamento y de las leyes forales, reforzar instituciones propias como la Cámara de Comptos o el Tribunal Administrativo de Navarra, crear una Agencia Navarra de Protección de Datos independiente y regular las relaciones con el Estado, otras comunidades y la Unión Europea.
Finalmente, ha defendido modificar el procedimiento de reforma del Amejoramiento para otorgar la iniciativa al Parlamento de Navarra y diferenciar entre reformas parciales y revisiones totales, estas últimas sometidas a referéndum de la ciudadanía navarra. “El nuevo preámbulo debería redactarse con una declaración solemne que sea asumible por la gran mayoría de la Cámara”, ha concluido.
