Alta tensión entre el Gobierno español y el PP, de nuevo a cuenta de la cuestión migratoria. Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que estaba previsto tratar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías, después de un año de funcionamiento del sistema. El encuentro no ha podido celebrarse por falta de quórum pero la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que la acogida corresponsable de este colectivo entre todas las comunidades sigue adelante. Ha expresado asimismo su "profunda indignación" frente a un PP que, en su opinión, "está abrazando las tesis racistas" y en contra de los derechos de la infancia.
La rebelión de las comunidades 'populares' ha sido liderada por la Comunidad de Madrid, cuya consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, ha denunciado que la conferencia de Infancia se convocó de manera "ilegal". "Es una convocatoria ilegal porque fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades autónomas. Además, ya se ha cumplido el año del plazo del decreto para el traslado forzoso de menores recurrido ante la justicia por la Comunidad de Madrid", ha argumentado.
En declaraciones a los medios tras no celebrarse la reunión prevista, Rego ha calificado de "absolutamente lamentable" la actitud del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. En cualquier caso, la ministra ha aclarado que en la cita se iba a informar a las autonomías sobre un nuevo real decreto para actualizar la capacidad ordinaria del sistema de acogida de las comunidades y dar continuidad al modelo. Y, aunque no se haya celebrado la reunión, las comunidades se dan por informadas, lo que permite jurídicamente al Gobierno español "con todos los avales", seguir con la formulación del real decreto, que, ha garantizado, irá "de manera inminente" al Consejo de Ministros.
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al PP de dar "una bofetada en la cara" a los menores migrantes no acompañados. En declaraciones a la prensa en la sede del ministerio, ha subrayado que el PP está llevando a cabo una "oposición irresponsable" que no está "a la altura" del momento.
Las comunidades del PP ya dieron plantón al Gobierno en una reunión de estas características en julio del año pasado, también bajo el planteamiento de que era una convocatoria ilegal y para mostrar su rechazo a este modelo de acogida. "Quizás en vez de estar en esta Conferencia Sectorial igual están negociando con Vox para llegar a acuerdos para políticas de involución en los gobiernos autonómicos en los que están", ha expresado la ministra.
Ajustar las plazas por territorio
Uno de los ejes del debate previsto hoy era la prórroga del mecanismo de distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades. En esta línea, Rego ha defendido que la reforma ha sido un "caso exitoso" y ha destacado la tramitación de unos 1.700 expedientes "sin incidencias" y una mejora en el equilibrio de los sistemas de acogida en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla.
Sobre el contenido de la actualización del decreto, la ministra ha explicado que mantiene el mismo procedimiento que cuando se aprobó en 2025, basado en indicadores para distribuir las plazas de acogida entre comunidades autónomas. La principal novedad será el ajuste en el número de plazas por territorio, con el objetivo de garantizar el equilibrio del sistema y evitar la saturación en determinadas zonas.
"Estamos ajustando, el procedimiento es exactamente el mismo, utilizamos una serie de indicadores para establecer el número de plazas que tiene que haber por comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que cambia ligeramente son las plazas en cada territorio. Pero, vamos, prácticamente es exactamente lo mismo", ha subrayado.
Según fuentes del departamento que dirige Sira Rego, la reunión se iba a celebrar en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y habían acudido de manera presencial Canarias y Castilla-La Mancha. Mientras, de forma telemática se habían conectado Euskadi, Asturias, Nafarroa, Catalunya y Ceuta. Antes de comenzar el encuentro, la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha rechazado acudir, tras lo que la han seguido otras en cascada. De este modo, las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Aragón, Andalucía y Baleares) han justificado su ausencia alegando "irregularidades" en la convocatoria.
