El PPN trata de dar lecciones sobre corrupción en pleno juicio por la Kitchen

En un momento en que el foco mediático regresa inevitablemente a las cloacas del Estado por el juicio de la Operación Kitchen, el PP de Navarra ha optado por pasar al ataque. El secretario general de los populares navarros, Sergio Sayas, compareció ayer en rueda de prensa para para denunciar lo que considera una estrategia de “ocultación” por parte del Ejecutivo de María Chivite, utilizando términos como “bochorno” y “vergüenza” para describir la gestión de los socios del Gobierno de Navarra.

El diputado en el Congreso centró sus ataques en la supuesta pasividad de los socios del Ejecutivo foral, a quienes acusó de tener “el mismo interés en tapar toda la corrupción” que la propia presidenta. Según el dirigente, Chivite se encuentra “atrincherada” en el Palacio de Navarra, eludiendo unas responsabilidades políticas que, a su juicio, son ya ineludibles.

Sayas afirmó que, desde el Gobierno foral, se han otorgado contratos por valor de más de 100 millones de euros a empresas bajo sospecha de corrupción. Según dijo, la permanencia de Chivite en el cargo supone un “daño a las instituciones” que, según sus palabras, solo los ciudadanos podrán detener en las urnas ante lo que califica como un ejercicio de “bochorno y vergüenza”.

Esta exigencia de responsabilidades políticas se produce en un contexto de especial sensibilidad para las siglas del PP, que actualmente se enfrenta en la Audiencia Nacional al relato del uso de fondos reservados y estructuras policiales para el borrado de pruebas de su propia corrupción, una trama de espionaje que se fraguó en el corazón del Gobierno de Mariano Rajoy.

En el banquillo de la Kitchen se sientan el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, acusados de articular una “policía patriótica” que actuaba al margen de la legalidad. En aquel esquema, se utilizaron fondos reservados y al comisario José Manuel Villarejo para neutralizar pruebas judiciales que comprometían la supervivencia del propio Partido Popular.

Comisión del senado

El diputado cruzó una línea delicada al cuestionar públicamente el estado de salud de Francisca Muñoz, esposa del exdirigente socialista Santos Cerdán. Muñoz ha presentado informes médicos para justificar su ausencia en la comisión de investigación del Senado –ese feudo donde el PP utiliza su mayoría absoluta para montar juicios paralelos–, pero Sayas no ha dudado en tildar la situación de “burla”. Sayas llegó a decir que “es difícil de entender que alguien puede ir a sentarse a tomar una caña en una procesión y no puede sentarse en una comisión de investigación”.

El diputado avanzó ante los medios de comunicación que su partido podría tomar “otras decisiones” legales si persiste la incomparecencia de la persona citada a comparecer en la Cámara Alta, exigiendo que Muñoz explique “lo que sabe de la corrupción socialista que su marido presuntamente estaba liderando”.

Mientras Sayas advierte de que el PP volverá a citar por tercera vez a la mujer de Cerdán para evitar “burlas a las Cortes Generales”, la Justicia intenta determinar cómo el Ministerio del Interior del PP convirtió los recursos públicos de todos los ciudadanos en una herramienta de protección privada para sus dirigentes.