La Fiscalía francesa pide cinco años exentos de cárcel para Josu Ternera y su expulsión de Francia
Durante su juicio ante el Tribunal Correccional de París, Urrutikoetxea ha lamentado las "consecuencias irreversibles" de los atentados de la banda terrorista
La Fiscalía francesa ha pedido este viernes una pena de cinco años de cárcel, exentos de cumplimiento, para el histórico etarra Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, en el último juicio que tiene pendiente en Francia.
La fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, también ha reclamado para Urrutikoetxea, de 75 años, su expulsión definitiva de Francia, junto a esa pena de cárcel por pertenencia a una organización terrorista que sólo tendría que cumplir en caso de reincidencia.
Rudloff ha insistido en su requisitoria en que no hay que ver a esta figura histórica de ETA como "un negociador de paz", que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien "participó en negociaciones", estaba "implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción", es decir, "con los atentados".
Ha recordado que en su trayectoria ya hubo otra condena en Francia a diez años de cárcel por terrorismo tras su detención en Baiona en enero de 1989 con una pistola y una granada, y que la justicia española lo reclama sobre todo para juzgarlo por su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1989, en la que fueron asesinadas once personas, incluidos cinco niños.
No obstante, la representante del Ministerio Público ha reconocido que "el tribunal debe relativizar su responsabilidad", teniendo en cuenta los elementos que se le reprochan en este sumario y que desde que ocurrieron no ha vuelto a estar vinculado a hechos terroristas, lo que justificaría que no ingrese en prisión.
En este juicio, Josu Ternera está inculpado por su acción en ETA en Francia entre diciembre de 2002, después de huir del Estado español para escapar a las acusaciones de haber estado implicado en el atentado en Zaragoza, y mayo de 2005.
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Los principales elementos en su contra son las pruebas (trazas de ADN y huellas) de su paso por dos pisos francos de ETA, en Lourdes y en Villeneuve-sur-Lot en los que vivieron el que era el entonces jefe militar, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendia, que fueron capturados a finales de abril de 2005.
Esas trazas estaban esencialmente en documentos de carácter político, muchos de los cuales estaban en un garaje que miembros de la banda habían alquilado junto a la vivienda de Villeneuve-sur-Lot.
Durante su interrogatorio este viernes, Josu Ternera ha reconocido haber estado en esos pisos, pero ha dicho no recordar las fechas exactas y ha señalado que "en tanto que militante" se reunía "con mucha gente".
La fiscal ha hecho hincapié en que, más allá de que esos textos se refirieran a negociaciones, esos pisos ponen en evidencia que había "una actividad terrorista".
"Hay una personalidad, la de Urrutikoetxea, vinculada a la negociación, pero que tiene un pie en el terrorismo", ha expuesto, después de haber echado en cara al encausado que se hubiera quejado por la mañana de que aunque en Euskadi desde hace 15 años ya no hay violencia por el fin de los atentados de ETA, "no se puede hablar de paz" porque "no hay justicia" y "no hay verdad" sobre lo sucedido.
"La paz -ha puntualizado Rudloff- pasa también por la reparación de las víctimas de ETA" y "no hemos escuchado una sola palabra de Urrutikoetxea" para esa reparación, ha subrayado.
En su comparecencia de este viernes, Josu Ternera ha relatado que la organización terrorista lo eligió a él para leer el comunicado de disolución de la banda en mayo de 2018 porque era una figura histórica para varias generaciones de miembros, y también "para evitar escisiones".
Urrutikoetxea ha recordado que él se había ido de ETA en 2006, cuando rompió con la nueva dirección de la organización terrorista que tomó las riendas tras los arrestos de la precedente dos años antes, pero que en 2018 le fueron a buscar para presentarle el proyecto de anuncio de la desaparición de la organización.
Contó que cuando le fueron a buscar en 2018 le dijeron que él tenía "una trayectoria que atravesaba varias generaciones de militantes", es decir que había "una cuestión histórica" para pensar en él, y además "para evitar escisiones" como había ocurrido en Irlanda del Norte con el IRA.
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"Hacía falta una autoridad moral", ha señalado. El veterano preso de ETA ha insistido en que "pudo haber otros hombres y mujeres" que también hubieran merecido tener ese papel para formalizar el fin de ETA, y recordó que junto a él, también puso voz al comunicado de mayo de 2018 otra figura histórica, María Soledad Iparraguirre, Anboto.
Negociaciones con el Gobierno español
Durante el examen de su personalidad ante el Tribunal de Apelación de París, que lo juzga por su acción en la banda terrorista entre 2002 y 2005, volvió a insistir en que su trabajo consistía en "tratar de conseguir una salida negociada al conflicto político", y se desvinculó del aparato militar.
A ese respecto, habló de las conversaciones que mantuvo en Ginebra con Jesús Eguiguren en representación del Gobierno español, preparatorias del anuncio por parte el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en junio de 2006 para oficializar esos contactos y de las divergencias que surgieron en el interior de ETA.
Precisó que tras la caída en 2004 de Iparraguirre, de Mikel Albisu y al año siguiente de otros jefes, la nueva dirección no estaba en la misma línea y eso condujo a la ruptura. "Entonces hubo desacuerdos profundos con la dirección de la organización" porque Urrutikoetxea creía que "teníamos que defender nuestras reivindicaciones políticas por otros medios", pero eso ocurría "en un contexto de violencia".
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"Como militante —indicó—, no podía disociarme. Era militante de una organización que cometía atentados" que tenían "consecuencias irreversibles, que evidentemente lamento". Por eso, en 2006, como "no estaba de acuerdo", dijo, dejó ETA.
"No hay proceso de paz en Euskadi"
Preguntado por la presidenta de la sala sobre su visión de la situación actual, Josu Ternera señaló que si bien "desde hace quince años estamos en una situación de ausencia de violencia armada", sin embargo "no por eso se puede hablar de paz" porque "no ha habido proceso de paz", "no hay justicia" y "no hay verdad" sobre lo que sucedió.
Más allá de mostrar su insatisfacción, hizo hincapié en que mientras en 2010 se vivía "un periodo negro" por la "opresión" que había en Euskadi, con el cambio que se produjo una vez que ETA abandonó la acción armada, "en 2026, la causa independentista es la primera fuerza política".
De su vida actual, aunque no quiso entrar en muchos detalles sobre su estado de salud más allá de señalar que se encuentra "bien", señaló que varios miembros de su familia han sido objeto de acciones de acoso por parte de periodistas —una de ellas ha dado lugar a una denuncia—. También contó que vive solo en un pueblo de Iparralde, en un piso que paga gracias a la "solidaridad" que se ha manifestado en su entorno. Precisó que su pensión es de unos 70 euros al mes, que se completa hasta unos 650-660 euros con un subsidio que en Francia se da a los jubilados que no llegan a un determinado nivel de ingresos.
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