El auditor de la Cámara de Comptos de Navarra, Miguel Ángel Aurrecoechea, ha defendido este martes en el Parlamento que la discrepancia en el informe de Cuentas Generales de 2024 es un mecanismo legal “de transparencia, probidad técnica y calidad”, ha rechazado que sus conclusiones respondan a criterios subjetivos y ha sostenido que se fundamentan en “la documentación obrante en los expedientes” y en “las evidencias de auditoría disponible”, en el marco de un proceso en el que, ha insistido, las divergencias “no deben interpretarse como una quiebra institucional”.
La polémica tiene su origen en el desacuerdo entre el compareciente, el auditor redactor del borrador, y la dirección de la Cámara de Comptos. El documento inicial fue considerado insuficiente por el presidente, Ignacio Cabeza, y el resto del equipo técnico, que cuestionaron tanto la base probatoria de algunas afirmaciones como su encaje jurídico e institucional. En consecuencia, la presidencia ejerció su competencia para modificar el contenido del informe, incorporando una cláusula de discrepancia que recoge la oposición del auditor a esos cambios.
La controversia trascendió el plano interno al hacerse pública dicha discrepancia, lo que motivó una defensa cerrada del presidente por parte de antiguos responsables de Comptos. Estos subrayaron que el mecanismo utilizado está contemplado en la normativa precisamente para garantizar la independencia técnica, pero recalcaron que no implica, en este caso, una injerencia indebida, sino la corrección de un borrador que, a su juicio, no cumplía con los estándares exigibles de una fiscalización pública.
Aurrecoechea ha recordado que la cláusula de discrepancia “no constituye una anomalía del sistema, sino una previsión expresa del ordenamiento jurídico”. El auditor ha insistido en que este mecanismo “no responde a una lógica de confrontación, sino a una garantía de transparencia, probidad técnica y calidad en el proceso de fiscalización pública”, y ha añadido que permite que el Parlamento de Navarra disponga de “todos los elementos de juicio relevantes”.
En la misma línea, ha afirmado que las divergencias “no deben interpretarse como una quiebra institucional, sino como una manifestación del normal funcionamiento”, en un contexto en el que “concurren distintas valoraciones técnicas sobre la base de un mismo objeto de análisis”. Frente a las críticas recibidas, ha rechazado de forma expresa que sus conclusiones respondan a criterios personales y ha denunciado que se haya informado “con total desacierto” en comunicados oficiales. Según ha explicado, su trabajo se fundamenta en “el análisis de la documentación”, “las evidencias de auditoría disponible” y “la aplicación de los criterios técnicos y jurídicos que rigen la función fiscalizadora”.
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