La expresidenta Yolanda Barcina (UPN) ha recordado este miércoles en el Parlamento foral que lleva once años apartada de la política y ha asegurado que las adjudicaciones bajo sospecha en la causa del Tribunal Supremo no se produjeron durante su mandato, al tiempo que ha subrayado que la empresa Servinabar se constituyó después de su salida del Ejecutivo en julio de 2015. Barcina, que ha comparecido en comisión de investigación, ha señalado que no tenía previsto regresar a la Cámara en 2026 tras abandonar la vida política en 2015 por motivos personales. “He estado tan alejada que no verán declaraciones políticas mías en estos once años”, ha manifestado, tras recordar su regreso a la cátedra en la Universidad Pública de Navarra y su actividad académica.
En su intervención, ha comentado que Servinabar “se constituyó el 4 de septiembre de 2015. Yo dejé de ser presidenta el 22 de julio de 2015. Es decir, se investiga a una empresa creada 44 días después de que yo dejara la Presidencia”. La exdirigente de UPN ha defendido que en la causa “no hay ninguna adjudicación realizada por el Gobierno de Navarra, ni con dinero público, efectuada durante el mandato en el que fui presidenta”, y ha añadido que tampoco aparecen “citados ni involucrados miembros” de su Ejecutivo.
En relación al ex CEO de Geoalcali, Pedro Rodríguez, ha afirmado que no recuerda haberse reunido con él, algo que declaró el empresario en la comisión de investigación. “Es como si no hubiese estado nunca con él; pero si dice que ha estado conmigo, habrá estado”, ha señalado, para después destacar que los encuentros institucionales con empresas que presentan proyectos entra dentro del trabajo de una presidenta. Sobre el proyecto de Mina Muga, ha defendido que “se inició una tramitación administrativa normal y totalmente técnica”.
Recta final de la comisión
La comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las adjudicaciones de obra pública a la UTE formada por Acciona y Servinabar entra este miércoles en su recta final con la comparecencia de la expresidenta Yolanda Barcina. El calendario que hace apenas un mes avanzaba sin sobresaltos se ha cumplido en lo esencial y deja tras de sí un balance más bien escaso en términos de esclarecimiento. La caída de uno de los nombres previstos, Francisco Iribarren, apenas altera una hoja de ruta que ha ido consumiendo comparecientes sin que el relato haya ganado en claridad.
El guion de la comisión se ha cumplido en lo formal, pero no necesariamente en el fondo. La acumulación de testimonios no ha ido acompañada de avances sustanciales en la delimitación de responsabilidades políticas o administrativas, más allá de la primera parte de los trabajos, en la que fueron desfilando por la Cámara todas las personas relacionadas con la adjudicación de las obras de Belate, desde los miembros de la mesa de contratación hasta las empresas adjudicatarias, así como los técnicos que elaboraron informes.
En las últimas semanas, el foco ha estado puesto en Mina Muga. Las intervenciones de Lourdes Goicoechea y Álvaro Nadal han seguido ese mismo patrón. Ambos comparecientes, con responsabilidades relevantes en la tramitación del proyecto minero, han ofrecido versiones que apenas han permitido avanzar en la reconstrucción detallada de los hechos. Lejos de despejar incógnitas, sus comparecencias han reforzado la sensación de opacidad que envuelve al proceso de Mina Muga dentro de los trabajos parlamentarios. El resultado es un bloque de sesiones que, pese a su relevancia política, apenas ha modificado el punto de partida.
Tras Barcina, el cierre de los trabajos quedará en manos de las otras dos presidentas incluidas en el listado, Uxue Barkos (Geroa Bai) y María Chivite (PSN), con las que se cerrará el ciclo de comparecencias, dos por semana. Será entonces cuando la comisión deba afrontar su fase más determinante: la elaboración de un dictamen que dé sentido a meses de explicaciones. Hasta ahora, el recorrido deja una conclusión provisional difícil de eludir: el calendario se ha cumplido, pero la claridad sigue siendo esquiva.
