La "ilógica" situación del euskera en Navarra: dos pueblos separados por tres kilómetros y derechos distintos

Un vecino de Cirauqui puede dirigirse en euskera a la Administración con garantías reconocidas por ley, mientras que otro de Mañeru, situado apenas a tres kilómetros y con porcentajes similares de población vascohablante, puede verse obligado a acudir con “la petición traducida desde casa”. Con este ejemplo, el director gerente de Euskarabidea, Jabi Arakama, ha cuestionado este viernes en la ponencia de estudio para la actualización de la Lorafna el actual sistema de zonificación lingüística de Navarra, recogido en el Amejoramiento del Fuero y desarrollado posteriormente en la Ley Foral del Euskera.

Arakama ha calificado la situación de “ilógica” y ha criticado que los derechos lingüísticos de los ciudadanos dependan del municipio en el que residen pese a compartir una realidad sociolingüística similar. “¿Con arreglo a qué criterio? No lo sabemos”, ha afirmado, después de recordar que, según la estadística publicada en mayo de 2024 por el Instituto Navarro de Estadística, el conocimiento del euskera en Mañeru supera el 17%, en cifras semejantes a las de Cirauqui.

El responsable de Euskarabidea ha ampliado además la comparación a otros municipios integrados en la zona mixta, como Pamplona, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Aranguren, Berriozar u Orkoien. “Sus habitantes vascohablantes tienen más derechos que los de Mañeru”, ha denunciado. “¿Tiene esto alguna lógica?”, ha planteado ante los grupos parlamentarios.

Defensa de la oficialidad del euskera en toda Navarra

Durante su intervención, Arakama ha defendido la necesidad de reformar el marco jurídico navarro para reconocer la oficialidad del euskera en todo el territorio foral y adaptar la normativa “a la realidad sociolingüística” actual de Navarra. Según ha expuesto, “el 75% de las personas euskaldunes vivimos en zonas donde el euskera no tiene rango de lengua oficial”.

A su juicio, la zonificación lingüística genera además “un problema de gestión a la administración foral”, especialmente en servicios que atienden simultáneamente a población de distintas zonas lingüísticas. Ha citado el caso de algunos centros de salud y ha sostenido que “la prestación de servicios diferenciados según la zona, tal y como requeriría la ley, no es ni lógico ni eficaz”.

También ha aludido a las dificultades existentes en la asignación de perfiles lingüísticos del personal y en entidades supramunicipales como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. “¿Qué criterios ha de seguir cada mancomunidad?”, se ha preguntado en referencia a cuestiones como la señalética, las contrataciones o la atención ciudadana.

A ello ha añadido los problemas derivados de espacios con régimen jurídico especial, como las Bardenas, Urbasa, Andía o parte de Aralar, que, según ha afirmado, “no están regulados” en la actual división lingüística.

“No hay una garantía real” fuera de la zona vascófona

Arakama ha sostenido igualmente que las garantías reconocidas en la zona vascófona son “parciales”, ya que muchos servicios centrales ubicados en Pamplona-Iruña quedan fuera de ese ámbito de oficialidad. En contraste, ha asegurado que en la zona mixta y no vascófona “no hay una garantía real” de cumplimiento efectivo de los derechos lingüísticos..

El director gerente de Euskarabidea ha defendido, no obstante, que la oficialidad plena del euskera no implicaría “que toda la administración debería pasar a ser euskaldun de un día para otro” y ha apostado por medidas progresivas adaptadas a cada realidad sociolingüística.

En ese sentido, ha destacado que desde 2015 el Gobierno de Navarra ha incrementado del 15% al 40% las plazas con perfil lingüístico en la zona vascófona y ha afirmado que el Ejecutivo intenta desarrollar procesos similares en otras comarcas y en los servicios centrales de Pamplona.

El Consejo de Europa cuestiona la zonificación navarra

Arakama ha invocado además la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa y ha recordado que el comité de expertos denunció en 2024 la zonificación navarra por considerarla “un obstáculo al fomento del euskera” e incluso una posible vulneración del artículo 7.1 de la propia Carta.

Durante su comparecencia también ha comparado la evolución demolingüística de Navarra con la de Álava e Iparralde para defender que “las políticas públicas” condicionan el desarrollo social de las lenguas minorizadas.

Según los datos expuestos por Arakama, Navarra contaba en 1986 con un 10,2% de población vascohablante mayor de cinco años, frente al 6,7% de Álava. Sin embargo, en 2021 Álava alcanzó el 30,1%, mientras Navarra se situó en el 14,6%.

En el caso de Iparralde, ha recordado que el porcentaje de vascohablantes descendió del 33,1% en 1991 al 20% en 2021 y ha vinculado esa evolución con la ausencia de reconocimiento oficial del euskera en el Estado francés. “El estatus que los poderes públicos confieren a las lenguas condiciona el desarrollo de las lenguas en la sociedad”, ha afirmado.

“Una sociedad muy diferente a la de 1982”

Arakama ha concluido defendiendo una actualización normativa que permita “seguir avanzando en la normalización del euskera desde el tejido de amplios consensos sociales y políticos”.

A su juicio, la Navarra actual “es una sociedad muy diferente a la que existía en 1982”, con “un 28% de jóvenes plenamente vascohablantes” y un crecimiento sostenido de la demanda educativa en modelo D, incluida una “quincena de pueblos situados en zona no vascófona”.

Por ello, ha insistido en que el “mejor punto de partida” sería “el reconocimiento del euskera como lengua propia y oficial de toda Navarra”, acompañado de un sistema progresivo de implantación de medidas de protección y fomento “ajustado a la realidad sociolingüística del territorio”.