El CGPJ convoca las pruebas de acceso a 375 plazas de jueces y 200 de fiscales

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles la convocatoria de las pruebas de acceso para cubrir 575 plazas en las carreras judicial y fiscal, de las que 375 corresponderán a jueces y las otras 200 a fiscales.

El acuerdo ha sido adoptado a propuesta de la Comisión de Selección, de la que forman parte el órgano de gobierno de los jueces, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, informa el CGPJ.

Al igual que en convocatorias anteriores, los aspirantes deberán realizar tres ejercicios, el primero de los cuales será tipo test y se celebrará en el mes de octubre de este año, mientras que los otros dos serán de carácter oral y tendrán lugar durante 2027.

Centros para completar la formación

Quienes superen esos ejercicios deberán completar su formación en la Escuela Judicial en el caso de los aspirantes a juez y en el Centro de Estudios Jurídicos en el caso de los aspirantes a fiscal, y la fecha prevista de ingreso en esos centros es enero de 2028.

El cinco por ciento de las plazas ofertadas, 29, se reservarán para personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento.

Igualmente el Pleno del CGPJ ha acordado las convocatorias de la presidencia de la Sala Tercera -de lo contencioso-administrativo- del Tribunal Supremo y de cuatro plazas de magistrado del alto tribunal, tres de ellas de la Sala Segunda -de lo Penal- ante la próxima jubilación de sus respectivos titulares.

La jubilación el próximo 3 de julio del presidente de la Sala Tercera, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, dará lugar a dos vacantes, la de la presidencia y la de la plaza que ocupaba como magistrado, correspondiente al turno de juristas.

Jubilaciones en la Sala Segunda del Supremo

Asimismo se ha acordado la convocatoria de tres plazas de magistrado de la Sala Segunda del Supremo, correspondientes a las vacantes que se producirán por las jubilaciones de Juan Ramón Berdugo (el próximo 5 de septiembre), Ángel Luis Hurtado (el 22 de junio) y Andrés Palomo (el 17 de junio).

Por otra parte el Pleno del CGPJ ha nombrado al hasta ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, y al magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional José Ramón González Clavijo miembros de la Sala Quinta -de lo Militar- del Tribunal Supremo.

Además ha acordado los nombramientos de Ignacio José Subijana Zunzunegui y Juan Avello Formoso como presidentes de los tribunales superiores de Justicia (TSJ) de País Vasco y Canarias.

Presidencias

Asimismo ha designado las siguientes presidencias: Alejandro Roa Nonide, de la Sala de lo Social del TSJ de Baleares; Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa, de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, y María del Carmen Pérez Sibón, de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía.

Por último ha acordado los nombramiento de los siguientes presidentes de audiencias provinciales: Valentín Pérez Aparicio, de la de Cáceres; José Antonio Vega Bravo, Salamanca; Luis Casero Linárez, Ciudad Real; Jaime Francisco Anta González, Cantabria; Luis Miguel Columna Herrera, Almería, y María José Rivas Velasco, Granada.

Con los 13 nombramientos de este miércoles el CGPJ ya ha realizado un total de 196 en su actual mandato, de los que 79 han recaído en candidatas mujeres, lo que supone un 40,30 por ciento del total.

Recurso de una magistrada destinada en Canarias

Por otra parte el Pleno del CGPJ ha acordado por unanimidad estimar el recurso de una magistrada destinada en Canarias contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo del pasado 17 de febrero que inadmitió su renuncia a la plaza obtenida en Galicia en un concurso de traslado y ha dejado sin efecto la adjudicación de la plaza.

La magistrada, que participó voluntariamente en el concurso de traslado y obtuvo la plaza solicitada, pidió a la Comisión Permanente que debido a circunstancias familiares sobrevenidas se la tuviera por renunciada al destino cuando la resolución del concurso ya había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 20 de enero.

La Comisión Permanente acordó no admitir su renuncia a una plaza obtenida en un concurso de traslado al considerar que la solicitud iba contra una obligación -la de tomar posesión de su cargo- establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ahora el Pleno estima el recurso y revoca el acuerdo al apreciar "de forma estrictamente excepcional y no generalizable la concurrencia de circunstancias que permiten declarar la ineficacia de la adjudicación de la plaza obtenida al no haberse producido el cese ni la toma de posesión y no haberse generado perjuicio a terceros ni alteración del servicio público".