Las claves de la investigación de la Audiencia Nacional: quién es quién en la red que afecta al PSOE

La nueva línea de investigación abierta por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional no nace de la nada, sino que constituye una ampliación directa de las pesquisas iniciadas el pasado mes de diciembre. Si aquel primer sumario apuntaba a una red de comisiones ilegales en contratos públicos a través del grupo autodenominado Hirurok —del que formaban parte la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández—, el magistrado ha terminado por abrir una nueva vertiente judicial que se sitúa la mirada sobre una presunta estructura criminal diseñada, presuntamente, para interferir y desestabilizar causas judiciales que afectaban de lleno a la línea de flotación del PSOE y del Gobierno.

El avance de la instrucción sitúa el origen temporal de esta trama en los cinco días de reflexión que se tomó el presidente Pedro Sánchez en abril de 2024 tras la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez. Según el auto judicial, fue precisamente en ese impás de espera cuando el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, presuntamente tomó las riendas para activar un grupo coordinado por la exmilitante Leire Díez. El objetivo habría sido blindar las siglas del partido y dinamitar los procedimientos policiales y judiciales que amenazaban el entorno del Ejecutivo.

El "quién es quién" de la trama

El verdadero punto de inflexión de esta derivada judicial quedó retratado el 26 de abril de 2024 en la propia sede de Ferraz. Las comunicaciones intervenidas por el juez revelan un mensaje de Díez al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández: «Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente». En ese encuentro, convocado según el instructor por el propio Cerdán, se terminó de perfilar el núcleo duro de la trama, en el que se integraban el empresario Javier Pérez Dolset, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y el diputado Juan Manuel Serrano, además del entonces responsable de comunicación de la formación, Ion Antolín, y el actual secretario de Política Municipal, Juan Francisco Serrano Martínez.

A partir de esa cita, la organización habría comenzado a operar de forma estructurada y continua. El juez Pedraz sitúa a Santos Cerdán en la cúspide de la pirámide, atribuyéndole un papel de liderazgo intelectual y operativo. Justo por debajo, Leire Díez ejercía de coordinadora general y ejecutora de los planes de desestabilización. Para engrasar la maquinaria, la trama habría contado con la colaboración logística y financiera de Gaspar Zarrías e Ismael Oliver —letrado y exdefensor de Koldo García—, quienes presuntamente ofrecieron sus propias sociedades mercantiles como pantallas o vehículos financieros para canalizar los fondos.

Sueldos de partido y facturas falsas

Las acusaciones que detalla el magistrado de la Audiencia Nacional individualizan las responsabilidades: a Santos Cerdán se le acusa formalmente de poner la propia estructura del PSOE al servicio de esta red, asumiendo los costes logísticos y la financiación de la actividad criminal con cargo a los fondos del partido. Según el auto, Cerdán habría pactado una remuneración de 4.000 euros mensuales para Leire Díez a cambio de pilotar estas maniobras de intoxicación y sabotaje judicial.

Para que ese dinero fluyera sin levantar sospechas, la investigación pone el foco en Ana María Fuentes, gerente de la Secretaría de Organización del PSOE. A Fuentes se la investiga por el presumible concierto en la emisión de órdenes de encargo para elaborar facturas falsas, un mecanismo que permitía desviar los fondos del partido hacia las cuentas de Díez ocultando la identidad del verdadero ordenante. Por su parte, la exmilitante socialista suma este frente a sus causas pendientes en Plaza de Castilla, donde ya se la investigaba por intentar perjudicar a fiscales y a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como el teniente coronel Antonio Balas.

La ofensiva contra los jueces y la UCO

El propósito de la red investigada, según la hipótesis recogida en el auto por el magistrado instructor, habría sido interferir en el desarrollo de las funciones públicas de los cuerpos policiales y judiciales. La resolución judicial señala la existencia de indicios sobre presuntos ofrecimientos de remuneraciones a funcionarios, guardias civiles y fiscales a cambio de obtener información reservada o de propiciar actuaciones que obstaculizaran las pesquisas desde el interior de las instituciones. Según el relato provisional de la acusación reflejado en el sumario, la operativa del grupo se habría diseñado con la premisa de cuestionar de manera sistemática la labor de los instructores encargados de los procedimientos que afectan a personas vinculadas al entorno del PSOE.

A modo de ejemplo de esta supuesta estrategia de desgaste, el juez Santiago Pedraz hace referencia en su auto a la presentación de sucesivas denuncias contra la magistrada que instruye la causa penal referida a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, así como a las acciones dirigidas contra la Fiscalía Anticorrupción, la UCO y el juez Juan Carlos Peinado. Estas maniobras de presión investigadas, de acuerdo con el criterio del instructor expuesto en la resolución, constituyen los indicios principales sobre los que se sustenta la ampliación de esta causa penal, en la que se ha citado como investigados a miembros de la anterior estructura orgánica de la formación política en Ferraz, a expensas de lo que determine la resolución judicial definitiva.