Un exconsejero de Hacienda no ve “objeción” para extender el modelo fiscal navarro a todo el Estado

El convenio económico navarro permite a Navarra un ejercicio más autónomo del control de las finanzas y la economía. Sí, pero con matices. En la práctica y en la realidad de 2026, donde el comercio no tiene fronteras y Navarra está, como toda Europa, sujeta a las directivas de la UE, la autonomía navarra dista mucho de ir tan lejos.

Por eso más que un instrumento efectivo (que en última instancia siempre depende de Madrid) es un “artefacto cultural simbólico” que sirve para el colectivo, para tener una cierta idea de lo que es nuestro o lo que nos diferencia, aunque en el fondo los ciudadanos de aquí tampoco sepan explicar en qué consiste en realidad el convenio o el autogobierno.

Lo ha explicado el exconsejero de Hacienda entre 2015 y 2019, Mikel Aranburu Urtasun, que ha comparecido en el Parlamento de Navarra para participar en la ponencia sobre la Lorafna. Aranburu, conocedor como pocos de la figura del Convenio, ha negado que brinde una relación efectivamente bilateral con el Estado, que es quien tiene la sartén por el mango, e incluso ha dicho que él ni ve objeciones de peso para impedir que la misma figura se extienda, por ejemplo, a otros territorios del Estado. 

Aranburu ha recordado que el Convenio tiene recelos a su alrededor que le acompañan desde su origen. “Hay voces críticas que denuncian el privilegio. Una censura pródigamente acogida pese a la demostrada negación de que sea un privilegio. Tras la acusación del privilegio se oculta la envidia, molesta la singularidad”, ha dicho, justo antes de mencionar varios aspectos que son de todo menos un privilegio, como la obligación de sostenerte con tus propios fondos o la obligación de tener que contribuir a la solidaridad territorial. 

Los territorios forales, ha dicho Aranburu, deben demostrar constantemente a la “suspicaz Europa” y al resto de las comunidades autónomas, muchas de ellas recelosas, que el ejercicio del Convenio es compatible con la equidad.

Otro de los mitos que va de la mano es la idea de que el Convenio navarro “posibilita una relación bilateral con Madrid que se presume ventajosa”. “Esta idealización oculta que la relación nunca es de igual a igual. La imagen que se quiere proyectar es la de un todopoderoso Estado pactando en plano de igualdad con Navarra. La posición de predominancia del Estado está en todas las negociaciones, la relación es desigual, Madrid siempre es quien autoriza o consiente”, ha aclarado.

Sin embargo, esto no impide que las posiciones de los foralistas sean defendidas con pasión, aunque la realidad es que la potestad normativa de Navarra es mucho más reducida. “La complejidad del sistema tributario y la inexistencia de fronteras obligan a la homologación de normativas. Hay que añadir la presión de los sectores que al sentirse perjudicados, exigen la equiparación. Hoy las diferencias son residuales, a menudo el legislador foral reproduce textos estatales”. Con respecto a los jueces, ha hecho un apunte interesante: aparte de que muchos no conocen el sistema foral ni el sistema tributario en general, Aranburu ha percibido en alguna ocasión “no desconocimiento, sino cierta intencionalidad” en algunas resoluciones, como por ejemplo en la polémica sentencia del Constitucional sobre un pleito entre Navarra y el Estado a cuenta del impuesto sobre grandes superficies.