Qué era el 'Proyecto Bardenas' citado en los papeles de Leire Díez intervenidos por la UCO

El protocolo de intenciones suscrito por el Gobierno de Navarra, la Comunidad de Bardenas Reales y las empresas Forestalia y Levitec no contiene rastro de la exmilitante socialista Leire Díez. Se trata de un documento que detalla la ambiciosa planificación técnica y administrativa diseñada en 2021 para construir un parque solar de 95 megavatios de potencia en la Ribera. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, firmado el 28 de junio de ese año y que ha saltado al foco informativo tras las recientes investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, funcionaba como el marco jurídico inicial para el desarrollo del denominado "Proyecto Bardenas", una infraestructura que, según ha confirmado formalmente el propio Ejecutivo foral, finalmente no se llegó a sustanciar ni a desarrollar en la realidad.

El texto del acuerdo cuenta con el aval de las máximas autoridades de la Comunidad Foral. En representación del sector público, el protocolo fue firmado por la presidenta María Chivite; el entonces vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, José Mari Aierdi; y el presidente de la Junta de Bardenas Reales, José María Agramonte. Por la parte empresarial, los firmantes fueron José Agustín Lalaguna, en nombre de Fernando Sol S.L. (filial de Forestalia), y Pablo Lera, como presidente ejecutivo de Levitec Sistemas S.L..

El núcleo de este protocolo de colaboración consistía en las bases para constituir una sociedad de economía mixta público-privada domiciliada en Navarra. El reparto de las acciones otorgaba el control mayoritario y la condición de socio tecnológico a la alianza privada formada por Forestalia y Levitec, con un 80% del capital. Las entidades públicas se reservaban funciones de socios institucionales con un peso minoritario: la Comunidad de Bardenas Reales controlaría un 10% de las acciones al ser la propietaria del suelo, y el Gobierno de Navarra asumiría el 10% restante en su condición de futuro consumidor preferente de la electricidad generada.

170 hectáreas de terreno comunal

En el plano estrictamente técnico y económico, el protocolo detalla que la instalación solar iba a ocupar una superficie útil de 170 hectáreas de terreno comunal en el término de Marcilla. El diseño inicial proyectaba una inversión empresarial estimada de 70 millones de euros , con una previsión de empleo de 200 puestos de trabajo directos durante la fase de obras y otros 10 fijos durante los años de explotación comercial. La capacidad de producción del parque se calculó para abastecer a unos 52.000 hogares y ahorrar la emisión de 65 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera.

A cambio de la inversión privada, las instituciones públicas asumían compromisos administrativos de calado en el documento. La Junta de Bardenas se obligaba a tramitar la desafectación de los terrenos comunales para posibilitar un arrendamiento de las parcelas por un periodo mínimo de 35 años. Por su parte, el Gobierno de Navarra se comprometía a tramitar contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) para asegurar el suministro de sus edificios públicos , comprometiéndose además a estudiar la declaración de todo el complejo fotovoltaico como proyecto estratégico de la Comunidad Foral. Pese al alcance de los compromisos reflejados en el texto, el plan quedó en una declaración de intenciones y la planta solar nunca se construyó.