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La familia de Naparra insta al Gobierno español a una desclasificación de documentación del CESID sobre el caso

Reclama a una docena de diputadas y senadoras gestiones para que se puedan hacer públicos documentos que puedan esclarecer el paradero de los restos de José Miguel Etxeberria

La familia de Naparra insta al Gobierno español a una desclasificación de documentación del CESID sobre el casoIban Aguinaga

El Observatorio Vasco de Derechos HumanosGEBehatokia, actuando en representación de la familia Etxeberria Álvarez, solicita una desclasificación de documentos del CESID, ahora CNI, sobre la desaparición forzada de José Miguel Etxeberria Álvarez, Naparra. Y solicita también a las disputadas Mertxe Aizpurua, Maribel Vaquero, Rafaela Romero, Adriana Maldonado López, Ione Belarra, al diputado Lander Martínez, a las senadoras Estefania Beltrán de Heredia, Nuria Medina Santos, Uxue Barkos y a los senadores Gorka Elejabarrieta y Alfonso Gil que promuevan iniciativas al respecto.

El indicio

Los solicitantes recuerdan que el 11 de junio de 1980, José Miguel Etxeberria Álvarez, militante entonces de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, fue visto por última vez con vida en el País Vasco francés, que su vehículo apareció abandonado y que la autoría fue reivindicada en tres ocasiones por el Batallón Vasco Español. "El supuesto exguardia civil Don Ramón Francisco Arnau de la Nuez, quien prestó servicios para el CESID en la época de los hechos, ha declarado públicamente, bajo su nombre y responsabilidad, que durante su pertenencia a los servicios de inteligencia españoles tuvo conocimiento directo y fehaciente de la localización exacta de los restos mortales de José Miguel Etxeberria". Dicho testigo facilitó a la familia coordenadas concretas en la localidad de Brocas (Las Landas). A juicio de la familia, dicha declaración, constituye una prueba indiciaria sólida de que los servicios de inteligencia españoles elaboraron en su día informes operativos, notas de seguimiento o al menos documentación de inteligencia territorial donde se consignaron los datos geográficos del enterramiento clandestino. Dicha documentación, de existir y todo apunta a que existe, sigue en poder del Estado y permanece ilegítimamente clasificada".

Por otra parte, la familia de Naparra critica al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz por no haber hecho caso a sus peticiones de retirar las referencias a Naparra en el curso 'Ausencias presentes- Desaparecidos por terrorismo en España".