La Comisión de Desarrollo Rural ha aprobado una moción que insta al Gobierno foral a presentar una planificación territorial, ambiental y agronómica del sector del biogás y biometano en Navarra.
Con los votos a favor de UPN, EH Bildu, PPN y Contigo-Zurekin y las abstenciones de PSN y Geroa Bai, la resolución reclama "una planificación territorial, ambiental y agronómica del sector del biogás y biometano en Navarra que establezca criterios claros y objetivos de implantación, límites de capacidad por zonas, gestión de digestatos, planificación logística, evaluación acumulativa de impactos y mecanismos reales de participación municipal y vecinal".
Un segundo punto emplaza al Ejecutivo Foral a "remitir al Parlamento de Navarra un informe completo sobre todas las actuaciones realizadas desde la aprobación de la moratoria, incluyendo el estado actualizado de todos los proyectos de biogás y biometano existentes en Navarra, las autorizaciones concedidas, suspendidas o anuladas, las declaraciones de interés foral tramitadas y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad jurídica, ambiental y territorial del sector".
En un tercer apartado, se pide al Gobierno de Navarra que "convoque de manera efectiva y vinculante la mesa intersectorial prevista en el marco de la moratoria, garantizando la participación efectiva de ayuntamientos, concejos, entidades locales, organizaciones agrarias, cooperativas, expertos técnicos, universidades, plataformas vecinales y representantes del sector, con el objetivo de definir un modelo ordenado, transparente y territorialmente equilibrado para el desarrollo del biogás y el biometano en Navarra".
Además, el Parlamento de Navarra invita al Ejecutivo Foral a "plantear una ampliación temporal de la moratoria derivada de la modificación de la Ley Foral 17/2020, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, ante la evidente falta de desarrollo normativo, territorial, agronómico y ambiental del sector por parte del propio departamento, al no haberse cumplido todavía buena parte de los objetivos de ordenación, planificación y regulación que justificaron políticamente su aprobación por el Parlamento de Navarra".
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por UPN critica la gestión del Gobierno de Navarra respecto a los proyectos de biogás y biometano y señala que la situación actual no surge de manera espontánea, sino que el propio Ejecutivo impulsó proyectos sin haber construido previamente "ni planificación territorial, ni consenso social, ni un marco suficientemente claro de gestión ambiental y agronómica".
En ese sentido, tras defender que la moratoria fue la única vía responsable para proteger a los municipios afectados, el proponente señala que, meses después de la aprobación de la medida, "no consta que el Gobierno de Navarra haya desarrollado un verdadero trabajo de ordenación del sector".
Por ello denuncia que todavía no se conoce "un mapa real de capacidad territorial para la gestión de digestatos", ni criterios acumulativos de carga de nitrógeno, ni una planificación seria en áreas vulnerables a la contaminación difusa, cuestión que obliga a los municipios, concejos, agricultores y vecinos a "soportar toda la presión".
A su vez, se insiste en que el verdadero problema de fondo "nunca fue únicamente energético", sino también agronómico, territorial y ambiental, "un ámbito donde el gobierno sigue actuando con improvisación y evitando asumir plenamente sus propias responsabilidades políticas y administrativas".
Por todo ello, la iniciativa exige una ampliación de la moratoria y advierte que prorrogarla "no sería consecuencia de un exceso de prudencia, sino de la evidente incapacidad del propio Gobierno de Navarra" para desarrollar la regulación que justificó políticamente su aprobación.
