Zapatero pide la nulidad del 'caso Plus Ultra' y acusa al fiscal de realizar maniobras

José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez "la nulidad general de las actuaciones" del 'caso Plus Ultra' al considerar que se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales.

La defensa del que fuera presidente del Gobierno español considera que también se ha vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con garantías y a la tutela judicial efectiva.

Así lo ha hecho este jueves el exlíder socialista, investigado en la causa, a través de un incidente de nulidad dirigido al juez instructor, José Luis Calama, quien a su vez ha acordado que se investigue el “origen, eventual carácter delictivo y la identificación de las personas responsables” de filtraciones de los chats del expresidente del Gobierno con su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Sostiene el abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados”, en el marco de diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que no se ajustaban al marco legal. Asimismo, considera que se han usado maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia para la denunciante".

Actuaciones policiales

"La nulidad de actuaciones tiene origen en la propia génesis" de la investigación -que arrancó en un juzgado de Madrid-, "germina en actuaciones policiales" y de la Fiscalía y "arrastra" el resto del procedimiento, argumenta la defensa de Zapatero.

Una denuncia basada en conversaciones privadas de un abogado

El letrado de Zapatero argumenta que la apertura del procedimiento se basa en el análisis de conversaciones privadas de un abogado, el investigado Miguel Palomero, contenidas en un disco duro denominado Crucial y de otras conversaciones privadas de terceros obtenidas en entradas y registros hechos a petición de Francia y Suiza, ante casos investigados en estos países.

En concreto, según esta parte la Fiscalía y la magistrada del Juzgado número 15 de Madrid, que después remitió el caso a la Audiencia Nacional, se basaron en el análisis de un chat denominado Danilo-España, para apuntar a la posible existencia de una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países.

Sus hijas

La defensa del expresidente pone en duda que la Fiscalía contase con una habilitación judicial para pedir a la Policía un informe acerca de dichas conversaciones y apunta a que podría haber cometido una injerencia no autorizada en el secreto de las comunicaciones y a la intimidad del letrado investigado.

A juicio del abogado de Zapatero, lo que llevó al origen de la investigación y a las entradas y registros, entre otros lugares, al despacho del expresidente o a la sociedad de sus hijas, “son evidencias que se analizaron con vulneración de derechos fundamentales”. Sostiene que todos estos resultados devienen de esas evidencias, y aduce que, dado que se obtuvieron ilícitamente, deben ser excluidas, “porque todas las evidencias obtenidas a partir de la denuncia guardan una conexión de antijuricidad absoluta con esas originarias”.