El Parlamento de Navarra ha aprobado una reforma de la ley de Vivienda que impedirá a los grandes propietarios de vivienda de VPO en régimen de alquiler venderla en el mercado libre después de que haya caducado el periodo de protección que hasta ahora tenían por ley y que duraba 21 años.

La norma ha generado un intenso debate porque suponía un paso audaz. Los grupos proponentes, los progresistas, son conscientes de que se trata de una reforma que no va a gustar a promotores y actores que hacen negocio con la vivienda. La derecha ha cuestionado la legalidad de la norma y ha hablado de problemas con la seguridad jurídica. En cualquier caso, la iniciativa ha salido adelante en el último pleno del curso.

Alfaro, Soto y López abrazan a inquilinos afectados por la situación, presentes en el pleno de este jueves

“La vivienda debe servir a la gente, y no al revés”

El portavoz de los grupos impulsores, Kevin Lucero, ha defendido el sentido de la reforma al afirmar que “no es un derecho adquirido, es una expectativa de futuro”. En esa misma línea, ha subrayado que “la vivienda debe servir a la gente, y no al revés”.

Por parte de EH Bildu, Mikel Zabaleta ha puesto el foco en el alcance de la medida y su impacto en el mercado: “Afecta a 2.248 viviendas” y ha advertido de las consecuencias de la descalificación, ya que “cuando se descalifican y se venden en el mercado libre, sus efectos son mayores: calientan los precios para toda la ciudadanía”.

También ha cargado contra las posiciones de la derecha, a la que ha acusado de esconder intereses económicos: “Hoy las derechas se parapetan detrás de los argumentos jurídicos” y ha añadido que “detrás de esta descalificación hay negocio, hay grandes promotoras, van a pelear sus intereses”. En ese sentido, ha reclamado: “No disfracen de dudas jurídicas lo que son posicionamientos políticos” y ha denunciado que “han copiado los argumentos de los grandes fondos que no quieren que esta reforma salga adelante”.

El impacto social: “hay personas detrás de esta iniciativa”

Zabaleta ha defendido la dimensión social de la reforma al señalar que “hay personas detrás de esta iniciativa. No es un debate abstracto”, y ha descrito la situación de las familias afectadas: “Llevan años construyendo su proyecto de vida en una VPO de alquiler y viven con angustia poder ser echados de su casa”.

Zabaleta ha insistido en la función de la vivienda protegida: “Una vivienda protegida tiene una finalidad social que hay que proteger en pro del beneficio social”, aunque ha matizado que “que se puedan vender. Pero con precio limitado”.

Geroa Bai alerta del riesgo para las familias

Desde Geroa Bai, Itxaso Soto Díaz de Cerio ha subrayado la dimensión humana de la decisión: “Los datos sobre vivienda nos interpelan directamente, hablamos de personas, de familias, de vidas” y ha afirmado que “la protección de las familias es la máxima prioridad de Geroa Bai”.

Según los datos aportados, “más de 300 viviendas van a perder la calificación”, lo que a su juicio genera un riesgo claro: “El riesgo es que estas familias sean expulsadas”.

Soto también ha cuestionado la posición de UPN, al señalar que “se va a posicionar en contra por la inseguridad jurídica”, y ha recordado además que “en 2022 votaron contra la reforma de entonces para blindar la protección de las viviendas”.

En relación con las medidas incorporadas, ha defendido que “nuestra enmienda trata de reforzar el derecho del Gobierno para adquirir vivienda que ya haya perdido la calificación, que tenga derecho a comprarla antes que nadie”.

UPN critica el impacto económico y jurídico

El parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, se ha mostrado especialmente crítico con la reforma. A su juicio, “esto les aleja de la solución del problema” y ha advertido de un deterioro futuro: “Saben que cuando acabe la legislatura, el acceso a la vivienda va a ser peor”.

Sánchez de Muniáin ha sostenido que la norma tendrá efectos negativos sobre el sector: “Nadie quiere trabajar en un sector con esta seguridad jurídica” y ha añadido que “expulsan al sector privado navarro con esta norma”.

También ha cuestionado la capacidad del Ejecutivo en materia de vivienda: “Si son incapaces de hacer una sola vivienda protegida, e impiden que otros la hagan, ¿qué futuro les espera? Hacen más leyes que viviendas”.

Dani López defiende las medidas del Gobierno

Por su parte, Dani López Córdoba ha defendido la iniciativa y ha lamentado las críticas recibidas: “Es una lástima”. Ha recordado además que hace unas semanas desde la oposición se reclamaban medidas: “el señor Sánchez de Muniáin nos decía, haced algo. Pues ya estamos haciendo algo”.

También ha agradecido el apoyo a una de las enmiendas: “Gracias a Geroa Bai por la enmienda de tanteo y retracto. Nos permitirá seguir comprando”, y ha avanzado continuidad en la política de vivienda: “Van a venir más medidas, por cierto”.

Finalmente, ha cuestionado los argumentos del sector privado: “Dicen que las empresas familiares navarras no venden. Y Catella, ¿a quién le compró?”