El Gobierno de Navarra está negociando con un gran propietario sueco, Catella Group, para evitar poner en riesgo el alquiler de 168 familias en el Valle de Egüés. El departamento de Vivienda mantiene desde hace un tiempo contactos con el fondo de inversión, que en 2018 compró a Adania –el mayor casero de Navarra– dos edificios en Sarriguren que en ese momento todavía tenían la calificación de vivienda protegida en régimen de alquiler.
El problema surgió el año pasado, cuando parte de las viviendas perdieron su título de VPO –vigente durante 20 años– y la noticia generó cierta inquietud entre los inquilinos, que no sabían qué iba a ser de ellos una vez el fondo sueco dispusiera de esas viviendas en régimen de mercado libre.
Según el Gobierno, las conversaciones con el grupo sueco van por buen camino y están destinadas a acordar un precio pactado para los alquileres, pese a que los plazos de la protección oficial hayan expirado.
De hecho, Vivienda y Catella Group ya han firmado un acuerdo en esos términos para parte de las 60 viviendas cuya licencia de VPO expiró en agosto de 2025. El 2 de diciembre del año pasado, el departamento firmó una prórroga de las medidas de protección para 28 de las 60 viviendas afectadas. Los inquilinos de dichas casas pagarán el mismo alquiler que hasta ahora y Vivienda les ayudará en los mismos términos en los que venía haciéndolo: con respecto a su declaración de la renta y con el pago del 25, el 50 o el 75% de la mensualidad.
Esto lo va a seguir haciendo durante al menos ocho meses más, hasta octubre de 2026. Para las otras 32 viviendas, ocupadas por personas que no reciben ayudas al alquiler, Navarra negocia una prórroga más larga –de hasta 7 años– y un precio que no supere el índice de precios de alquiler. El Ministerio ofrece una herramienta digital para calcularlo: para una primera planta en una de las direcciones de los pisos afectados, el Ministerio calcula precios entre 455 y 555 euros al mes.
En la negociación juega a favor del Gobierno que los bloques –unos dieciséis portales en las plazas Puerta de Badostáin e Ibia y la calle Elizmendi– están dentro de lo que el Ejecutivo ha declarado como una zona tensionada, donde la vivienda protegida en régimen de alquiler tiene una especial protección.
La zona tensionada, clave
De entrada, como los bloques están en una de esas zonas tensionadas –el Valle de Egüés, como otras 20 localidades en toda Navarra donde vive el 70% de los navarros– y el propietario es un gran tenedor –porque tiene más de 5 inmuebles, en este caso muchísimos más–, los inquilinos tienen derecho a acogerse a una prórroga de sus alquileres durante al menos tres años, sin que la nueva renta pueda superar el índice de precios de alquiler. En cualquier caso, hay una realidad incuestionable: esos bloques se construyeron en una época en la que la vivienda protegida en régimen de alquiler lo era para 20 o 30 años.
Vencido ese plazo, esas casas pasan al mercado libre y su propietario puede hacer, como quien dice, lo que quiera con ellas. De ahí que hace cuatro años el Gobierno impulsara una reforma para hacer que, a partir de entonces, todas las viviendas que contaran con ayudas públicas para la construcción nunca pierdan la protección oficial, en el caso de que sean de compraventa. Es una manera de evitar que viviendas que contaron con un 30 o u 35% de financiación pública directa pasen después al mercado privado.
