El Gobierno de Navarra anunció este miércoles a los sindicatos que acepta adelantar la implantación de la carrera profesional a todo el personal de las Administraciones públicas –dependiente del Ejecutivo foral y ayuntamientos– desde marzo de 2027, con efecto retroactivo de enero de ese año, y no en 2028 como así contemplaba el borrador entregado el 22 de diciembre a la parte social.
La consejera de Función Pública, Inma Jurío, presidió la Mesa General de las Administraciones Públicas de Navarra este miércoles, en compañía de la directora general del ramo, Gloria Arancón, a la que acudieron los sindicatos LAB, AFAPNA, CCOO, ELA y UGT.
Todas las centrales sindicales abogan por la carrera profesional como una de sus reivindicaciones en el nuevo Estatuto de Personal, que no se ha renovado desde hace más de 30 años.
La carrera profesional consiste en el reconocimiento de un complemento salarial a todo el personal –funcionario o laboral– de los ámbitos de Administración Núcleo, personal no sanitario, docentes y ayuntamientos, un plus que actualmente ya cobran los sanitarios. El Gobierno ha calculado que esta medida tendrá un coste de 130 millones de euros en los seis años que durará su implantación.
Derecho a la progresión
El Ejecutivo propone poner en marcha la carrera profesional que reconoce el derecho a la progresión y al desarrollo de la trayectoria profesional en cinco tramos. La publicación de la futuro ley conllevará la inmediata percepción de una cantidad fija mensual en 14 pagas anuales derivada del encuadramiento inicial en el correspondiente tramo y de manera progresiva. Esta carrera es voluntaria e individual y será retribuida en función del tramo alcanzado.
De esta forma, el Ejecutivo propone abonar el 15% del complemento de la carrera profesional el primer año; el 30%, el segundo; el 50%, el tercero; el 70%, el cuarto; el 90% el quinto; y el 100% a partir del sexto, según explicaron fuentes sindicales. Tanto CCOO como UGT defienden que el primer año se abone el 20% del complemento; y AFAPNA aboga por un porcentaje que oscila entre el 20% y 25%.
Variable por productividad
Además, el departamento de Inma Jurío ha plateado incorporar un complemento por la evaluación del desempeño, que se añade al complemento fijo de carrera profesional a modo de productividad.
El borrador del Estatuto también incluye una actualización de los niveles: se establece un nivel A con dos subniveles (A1 y A2), un nivel B y un nivel C con otros dos subniveles (C1 y C2). AFAPNA exigió blindar los salarios correspondientes a cada nivel y subnivel en el mismo texto, ya que “este mecanismo salvaguarda y protege los derechos del personal del empleo público, ante posibles reducciones salariales futuras”, destacó en una nota de prensa.
El Gobierno también recordó que el borrador introduce mejoras en las licencias por fallecimiento e ingreso hospitalario y por permiso parental, además de los correspondientes a familias monoparentales.
Por otra parte, el borrador regula nuevas situaciones administrativas para facilitar la movilidad interadministrativa y busca mejorar la promoción profesional tanto con carácter temporal como definitivo, etc. Así, CCOO consideró positivo que “el nuevo Estatuto de Personal contemple que a los empleados se les exija solo un año para optar a la promoción interna –ahora son tres–”. Además, los permisos de conciliación del Estatuto de los Trabajadores (cinco días por accidente o enfermedad de allegado, y cuatro días por causa de fuerza mayor) se añaden en el texto. Junto a estas materias, UGT apuntó que mejora el régimen de vacaciones.
Emplazados al lunes
Los cinco sindicatos han realizado alegaciones al borrador del Estatuto, y en la reunión de ayer la Dirección General de Función Pública emplazó a los delegados y delegadas a otrea reunión el lunes 9 de febrero, en la que quiere que se apruebe la tramitación del borrador para continuar con el proceso de alegaciones de otros agentes, como Osasunbidea, Justicia, UPNA o la Federación Navarra de Municipios y Concejos; y posteriormente cumplir los plazos para tener aprobado el estatuto en marzo de 2027, antes de las elecciones autonómicas.
El departamento de Inma Jurío aspira a obtener el respaldo de la mayoría sindical para aprobar la tramitación, ya que si no lo consigue, advirtió de que se paralizará el proceso, según relataron fuentes sindicales.
“Vuelta al régimen”
LAB denunció en una nota que el Gobierno de Navarra a través de la consejería socialista de Jurío ha tenido una actitud que suena a una “vuelta al régimen”. El sindicato mayoritario de la Adminsitración foral detalló en una nota que “Función Pública no ha dudado en saltarse a la torera la normativa y un acuerdo que lleva décadas en vigor”.
Este pacto establece que los porcentajes de representatividad de los diferentes sindicatos de la Mesa General de las Administraciones Públicas de Navarra –donde convergen, además del Gobierno de Navarra, todos los ayuntamientos y entes locales de la Comunidad– se aprobarán tras celebrarse las elecciones sindicales del Gobierno de Navarra, y permanecerán en vigor durante cuatro años. Así en ese periodo no se altera la composición de fuerzas sindicales para configurar mayorías en esta mesa de negociación.
Sin embargo, en esta ocasión, según denunció LAB, Función Pública ha actualizado a 1 de enero la representación de esta Mesa General y con los porcentajes que resultan, el bloque compuesto por AFAPNA, CCOO y UGT suma mayoría, respecto al de LAB y ELA. “Durante la mayor parte de las más de cuatro horas que ha durado la reunión, la directora general ha obviado la presencia de LAB y sus 35 páginas de aportaciones para mejorar el borrador del nuevo estatuto”, concluyó este sindicato.
Al contencioso administrativo
LAB acudirá al contencioso-administrativo por la actuación del equipo de Función Pública al no respetar la normativa y acuerdo en vigor sobre representatividad.
Euskera
ELA rechazó el texto del Estatuto de Personal porque no contempla cuestiones esenciales como los mecanismos efectivos para la reducción de la temporalidad; la recuperación del poder adquisitivo; el incremento retributivo conforme al IPC; el contrato de relevo; el derecho a recibir la atención en euskera; la normalización del euskera; y las medidas para evitar la privatización y las externalizaciones.
Reacciones
UGT consideró que “para dar apoyo a este estatuto, debe contener mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo”. CCOO defendió el plus de productividad porque “el desempeño profesional impactará en las personas trabajadoras únicamente de forma positiva”. Y AFAPNA reiteró que no aceptará una ley que “no proteja los derechos consolidados del personal público de Navarra”.
