La historia de la Autovía de Navarra (AP-15) tiene varias caras. Está la de la obra pionera, la primera vía de alta capacidad de Navarra, vendida como un hito de la modernidad en aquellos años de finales del franquismo. Pero también la del negocio, la del apetitoso bocado del cobro de peajes y el muy recurrente esquema de ganancias privadas gracias a esfuerzos públicos.
La carretera se puso en funcionamiento en enero de 1976 y nació ya con peaje. La conexión completa de norte a sur no estuvo lista hasta 1980 y en 1997 se produjo el verdadero giro de los acontecimientos. El Gobierno de UPN-PP acordó ampliar la concesión de la carretera hasta el 8 de junio de 2029 cuando ya despuntaba en el horizonte la fecha de 2014, en principio el tope de explotación de los derechos.
Unos años más tarde, en 2003, la situación de la carretera dio otro volantazo importante: el Gobierno de José María Aznar, que entonces presumía de economía liberal y adelgazamiento de lo público, decidió poner en venta el 50% de la participación que el Estado mantenía en la carretera navarra mediante la Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
La mitad de la autopista quedó en manos de Sacyr, que la gestionó con su filial Itínere. Durante un tiempo, Itínere estuvo controlada por el Citi Infraestructure Partners, la mayor empresa de servicios financieros del mundo con sede en Nueva York. Desde 2022, es el fondo de inversión holandés APG, donde muchos jubilados del país europeo tienen sus pensiones, el que controla el 50% de la autopista.
De poder vender en 2012 a comprar todo en 2018
Pese a que el negocio quedó bien atado hasta 2029, desde entonces se ha planteado casi de todo. En 2012, con el último gobierno de UPN necesitado de cualquier ingreso, Barcina sopesó la posibilidad de vender también la parte navarra por alrededor de 130 millones. Pero, sobre todo, un tema de conversación política más o menos recurrente ha sido la posibilidad de que Navarra se hiciera con la totalidad de la vía. Paradójicamente, el PP de Navarra –la filial local del partido que en 2003 decidió privatizar la mitad de la vía– ha sido quizá el partido que más ha insistido en recomprar la autopista para liberar los peajes. Esto ha dado momentos hilarantes, como en 2018, cuando Ana Beltrán defendía la recompra de la AP-15 y unos días después era el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de su propio partido, el que tildaba de poco “responsable” plantear “recomprar las acciones que se vendieron hace quince años”.
En 2019, los usuarios veían satisfecho el viejo anhelo de una carretera gratuita. El Gobierno de Navarra recibió 12 millones por parte del Estado para subvencionar los peajes, y el usuario solo tenía que pagar el IVA, unos céntimos, como les pasa a los usuarios habituales que tienen vía T, están registrados en Audenasa y hacen desplazamientos en el día. Esta política estuvo vigente hasta 2023, para cuando la propiedad ya estaba en manos del fondo holandés APG. En octubre de ese año se acabaron los 12 millones transferidos por el Estado en diciembre de 2018 –más o menos, Navarra pagó unos dos millones al año para hacer gratuita la vía– y a partir de entonces ha sido la Hacienda Foral la que ha asumido, con fondos propios, tanto el coste de las ayudas a la circulación como otros pagos extraordinarios, como la compensación que el Ejecutivo accedió a pagar en 2021 por la caída del tráfico –provocada por las restricciones covid– contra el criterio de la Intervención.
