pamplona. Las parejas que solicitan de forma conjunta una vivienda protegida lo tienen fácil a la hora de renunciar a la misma si ambos están de acuerdo en abandonar el proyecto. El Gobierno foral se hace cargo y reclama las ayudas concedidas. El problema llega cuando una de las dos partes (tras separación, divorcio o ruptura de pareja o de dos hermanos) quiere mantenerla y seguir adelante, pagar las mensualidades de entrada y asumir la hipoteca. Si han firmado el contrato pero no han llegado al momento de escriturarla la parte interesada no podrá continuar porque la ley foral actual no autoriza que uno renuncie a favor de otro, situación que no cambia con la nueva norma.

Ambos accedieron a una vivienda pública porque obtuvieron una puntuación determinada -normalmente más favorable en pareja- y no cabe una nueva baremación individual para transmitir ese derecho por lo que esa vivienda ya no puede estar a nombre de ninguno de los solicitantes.

La única solución en ese caso sería resistir desde que adjudican la VPO hasta el momento de la escritura de la vivienda, que viene a coincidir con su entrega, y que una de las partes trasmita la mitad de la vivienda a la otra asumiendo los gastos correspondientes. Para ello se requiere la autorización del departamento de Vivienda del Gobierno foral, que renuncia en ese caso al derecho de "tanteo y retracto" al resultar inviable comprar la mitad de un piso.

Entre impuestos (transmisiones patrimoniales) y gastos de notaría y registro se estima un coste para una vivienda de 150.000 euros de alrededor de 2.600 euros a cargo de la persona que se quede con la casa. "La fórmula más barata es la que se denomina extinción de condominio", explica un abogado. La persona que se descuelga de la operación debe devolver la mitad de las subvenciones que el Gobierno foral concedió a fondo perdido para la pareja. Asimismo, con la nueva ley, que entrará en vigor el 17 de julio, la persona que renuncia podría acceder a una nueva VPO, incluso con subvención, si los ingresos que obtiene de la venta no superan los 90.000 euros. Según la normativa actual, se permite una nueva compra de vivienda social si los ingresos obtenidos no superan el 60% del valor de la nueva que se va a adquirir.

entremutilvas Un caso de este tipo se ha dado recientemente en Entremutilvas, donde una pareja que firmó el contrato de su vivienda y pagó la entrada vio rota su convivencia y uno de los miembros de la pareja no ha podido seguir adelante. El alcalde de Aranguren, Manolo Romero, destaca que la lógica sería "volver a baremar porque estamos hablando de una vivienda para vecinos del valle y lo más probable es que esa persona le hubiera tocado una VPO si se hubiera presentado sola". "Antes podía tener sentido cuando había escasez de vivienda, pero ahora no, sobre todo cuando los ayuntamientos estamos haciendo lo imposible para presionar a las entidades financieras de nuestro municipio para conseguir préstamos", indica.

Por otro lado, cabe recordar que la nueva ley foral recoge la supresión del régimen especial y general, y de las Viviendas de Precio Pactado (VPP), de manera que sólo existirán la Vivienda de Protección Oficial (VPO) y la Vivienda de Precio Tasado (VPT), y las viviendas de precio tasado vincularán un solo garaje. Por otro lado, la expulsión en el nuevo censo único (por ejemplo por renunciar a una VPO sin causa justificada) impedirá una nueva inscripción en el mismo durante un plazo mínimo de tres meses.