pamplona. El Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Navarra (antiguo Servicio Social Penitenciario) este tramitando este año una cifra récord de más de 3.300 expedientes relacionados con el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad, la mayoría de ellos motivados por delitos contra la seguridad vial (en torno al 90%). El cumplimiento de estas medidas, sustitorias del ingreso en prisión, se ha triplicado en los últimos dos años.
Para intentar garantizar que las condenas no prescriben y que los infractores saldan su deuda con la sociedad, la delegada del Gobierno en Navarra, Elma Sáiz, firmó ayer un convenio con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero, por el que el Ejecutivo foral oferta 82 plazas para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
En total, en Navarra se dispone actualmente de más de 800 plazas para la prestación de estos trabajos en beneficio de la comunidad, entre el Gobierno de Navarra, las entidades locales, las ONG y otras organizaciones y colectivos sociales. Las 82 plazas ofertadas por el Gobierno de Navarra, que podrían incrementarse si hay disponibilidad para ello, son para trabajos no remunerados en distintos centros y entidades como colegios e institutos públicos, parques de bomberos u hospitales.
El Ministerio del Interior asume las obligaciones para la cobertura de las contingencias correspondientes al Instituto Nacional de la seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del trabajo desarrollado en beneficio de la comunidad, mientras que el Gobierno de Navarra se compromete a facilitar los conocimientos y el material para realizar eficazmente la labor encomendada.
Sáiz, quien subrayó que estos trabajos no suponen una competencia para las personas en desempleo debido a sus especiales características, aseguró que se trata de una manera de cumplir la pena "con una finalidad restitutiva, además de ser una forma ejemplarizante e integradora". Se trata, dijo Sáiz, de una condena que "se cumple en libertad" y, por tanto, "evita romper con la vida laboral, familiar y social del penado y promueve valores tan necesarios en nuestra sociedad como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común".
Por su parte, Caballero resaltó que la Constitución y la propia ley general penitenciaria señalan que el "fin primordial" de las penas y de las medidas privativas de libertad "no es la "venganza" de la sociedad sino la reeducación y la reinserción social de las personas". En ese sentido, apuntó que "no se trata por tanto de imponer un castigo en nombre de la sociedad, como por desgracia todavía establecen algunos países que incluso llegan a mantener la pena de muerte, que es algo que debe ser absolutamente erradicado y que es absolutamente incompresible desde un punto de vista racional en el siglo XXI".
