Los discapacitados exigen una regulación urgente de la ley foral de accesibilidad

pamplona. Nuevos locales comerciales con los "clásicos escalones" (sin rampa), parquímetros y mobiliario urbano (paradas de autobús, etcétera) que ocupan la vía pública en una ubicación inadecuada para que lo utilice un discapacitado, obras públicas donde no existen protocolos de accesibilidad para garantizar que el tránsito peatonal no quede interrumpido (está ocurriendo ahora por ejemplo en la manzana situada entre las calles Leyre, Aralar y Olite)... Son algunos ejemplos de la "relajación" en el ámbito urbanístico de los que se quejan los discapacitados. Las villavesas, la estación de autobuses o la nueva terminal del aeropuerto de Noáin son otros espacios públicos inaccesibles en este momento tomando como referencia la nueva ley foral de accesibilidad, normativa que no se cumple en la práctica por no estar reglamentada (concretada), responsabilidad que el Cormin hace recaer en el Gobierno foral y, en concreto, en el departamento de Presidencia, señaló Javier Miranda, coordinador del Grupo de Accesibilidad del Cormin. La plataforma, que aglutina a las diferentes asociaciones que trabajan en el campo de la discapacidad física, sensorial y psíquica, exige una "regulación urgente" de la norma que fue aprobada por el Parlamento el pasado mes de abril y que supuso un avance importante a la hora de garantizar derechos para este colectivo, refrendó ayer Valentín Fortún, secretario general del Cormin.

Para empezar, la precariedad en el acceso al transporte público es visible en muchos planos. El transporte mancomunado no es accesible en Pamplona y su Comarca, ya que los autobuses de la MCP no están adaptados para la discapacidad sensorial y, además, no hay aviso de paradas dentro del vehículo, señalan. En la estación de autobuses tampoco se contempla el acceso a la información, empezando por el tráfico de buses y siguiendo por la identificación de puertas y escaleras al no existir elementos de "accesibilidad sensorial". En el caso de la nueva terminal del aeropuerto de Noáin, en cuyo diseño no ha sido invitado el Cormin, no han podido emitir un informe de accesibilidad, "por lo que nos tememos que no se haya tenido en cuenta algo tan sencillo como implementar un sistema de bucle magnético para personas con audífono o con implante coclear", señala Miranda.

Otro bloque deficitario que apunta le Cormin es en la atención ciudadana (administración en general) y el acceso a los diferentes servicios públicos que no están adaptados ni en "los formatos en los que está recogida esa información ni por parte de los profesionales, que no han recibido formación", subrayan.

Por otro lado, detectan incumplimientos en operadores privados (empresas), cuyas páginas webs no son accesibles para personas discapacitadas como ocurre, por ejemplo, con exhibidores de cine, ya que las personas invidentes no pueden consultar la cartelera de películas.

Uno de los principales problemas de tener una ley "inoperante" tiene que ver con el funcionamiento del nuevo Consejo de Accesibilidad, que fue constituido el pasado mes de septiembre, "fuera de plazo". Por esta razón, el Cormin va a exigir al Ejecutivo foral una convocatoria extraordinaria de este órgano para el próximo día 13 ya que "está paralizado". Otro compromiso incumplido, recuerdan, es que en el plazo de tres meses a partir de la aprobación de la ley foral los diferentes departamentos del Gobierno debían presentar sus propuestas en un informe de "impacto de accesibilidad" para empezar con la reglamentación, lo que no se ha producido.

nuevo modelo social La discapacidad es un problema que implica a toda la sociedad desde el momento en que se ha cambiado el paradigma social y se entiende como "la interacción entre la persona y el entorno" que va a ser utilizado, admitió ayer Javier Miranda. Miranda valoró la labor de sensibilización social que en los últimos años ha conseguido superar la idea de accesibilidad como un modelo de "prescindencia (en su día se prescindía de las personas discapacitadas como si sufrieran una especie de "castigo divino que había que ocultarlo en la sociedad)" o de rehabilitación (las personas siguen teniendo un problema pero la sociedad "empieza a colaborar a resolverlo)". "Si no es capaz ese entorno de resolver las necesidades que tiene esa persona para poder comunicarse con él, para poder estar, trabajar o disfrutar, será la sociedad la discapacitada", remarcó en este tercer estadio. Con este nuevo modelo de implicación social nace todo un despliegue normativo que trata a las personas discapacitadas como "sujetos de derecho" en igualdad con las otras personas . El problema es que leyes como la foral de accesibilidad no se cumple porque no ha tenido recorrido desde su salida de la Cámara: "Tenemos propuestas de reglamento pero no sabemos a quién dirigirlas". De los más de 41.600 afectados, unos 16.700 tienen menos de 65 años, y predomina la discapacidad física (47%), seguida por la intelectual (20%), la enfermedad mental (18%) y la sensorial (15%).