Los controladores provocan un caos aéreo total en el inicio del Puente de la Constitución

madrid. Los controladores aéreos españoles, un 70% según Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), abandonaron ayer por la tarde sus puestos de trabajo aludiendo problemas físicos, lo que ocasionó el cierre de todo el espacio aéreo, menos Andalucía, e hizo que unas 250.000 personas se vieran afectadas al comienzo del Puente de la Constitución y de la Inmaculada.

Varias aerolíneas cancelaron los vuelos previstos para la mañana de hoy y pedían a los pasajeros que no acudiesen a los aeropuertos. En Navarra, ayer por la tarde, se cancelaron ocho vuelos: cinco de salida y tres de llegada.

La mitad de los controladores del turno de las 22.00 horas decidieron incorporarse al aeropuerto barcelonés de El Prat. En Madrid, varios controladores del turno de noche del aeropuerto de Barajas se presentaron en sus puestos de trabajo pero se negaban a firmar la hoja necesaria para comenzar a operar.

Esto ocurría después de que a última hora de la tarde de ayer, el Gobierno diera a los controladores un ultimátum antes de militarizar, a partir de las 21.30 horas, el control aéreo español porque afirmaba que no iba permitir este chantaje, según palabras del ministro de Fomento, José Blanco, en una breve intervención pública.

En torno a las 23.30 horas, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que el Ministerio de Defensa pasaba a controlar la navegación aérea en todo el territorio nacional por la situación de "extrema gravedad".

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había firmado la orden a las 23.00 horas, aunque su entrada en vigor tendría lugar tras su publicación en el BOE, que estaba previsto que se produjera a lo largo de la pasada noche. Al cierre de esta edición, mandos del Ejército del Aire se desplazaban a aeropuertos de Sevilla, Barcelona, Madrid y Canarias para supervisar la gestión de los centros de control de vuelo.

El Gobierno aprobó ayer un decreto Ley por el que se autorizaba al presidente del Gobierno a transferir los centros de control de los aeropuertos civiles, dependientes de Aena, al Ministerio de Defensa.

Los hoteleros, que cifraron en 150.000 las personas afectadas por el cierre del espacio aéreo español en sus primeras horas, aseguraron que "las medidas de presión" del colectivo podrían afectar a más de cuatro millones de personas y repercutir en un sector estratégico para la economía.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) aseguraba que la protesta era "espontánea" y obedecía a la aprobación ayer del nuevo modelo de gestión aeroportuaria.

El sindicato aseguró que los controladores están "muy nerviosos" por el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que fija un máximo de 1.670 horas de tránsito aéreo anuales, motivo que provocó el abandono de los controladores de sus puestos de trabajo.

USCA aseguraba que estaba llamando a la calma a los controladores y les estaba pidiendo que regresen a sus puestos, de los que empezaron a ausentarse a partir de las 17.00 horas alegando problemas físicos, ante lo que Fomento pidió al Centro Internacional de Medicina Avanzada (CIMA) que los médicos reconozcan el estado de salud de los controladores.

Ante esta situación, que afectaba al menos a dos mil vuelos, Blanco formó un gabinete de crisis en la sede de su departamento para buscar soluciones, entre las que no se descartaba la movilización de controladores militares.

También estudiaba la puesta en marcha de medios de transporte alternativos para los viajeros que estaban atrapados por "la huelga salvaje de los controladores aéreos", como así fue calificada por algunos de los sectores afectados.

Renfe constituyó también un grupo de trabajo para evaluar las posibilidades de absorber el mayor número posible de viajeros afectados por la situación, según informó en una nota de prensa el Ministerio.

aena denuncia "chantaje" Por su parte, Aena, que puso a disposición de los afectados el teléfono 902404704, llamó a los controladores a abandonar "el chantaje al que someten a la sociedad tomando a los ciudadanos como rehenes". Además, advirtió de que paralizar el tráfico aéreo de un país puede ser sancionado con el despido disciplinario y constituye un delito, según el artículo 409 del Código Penal. En concreto, si desobedecen la orden militar de volver a sus puestos de trabajo estarían incurriendo en un delito de "sedición" castigado con penas de entre 8 y 15 años de prisión. La Fiscalía de Madrid abrió ayer mismo diligencias para esclarecer si han incurrido en infracción penal.