madrid. La Fiscalía confirmó que el procedimiento seguirá la vía ordinaria, puesto que al parecer no se registró ninguna desobediencia militar, desde que el sábado se decretara el estado de alarma, por el cual los controladores comenzaron a estar sujetos al Código Penal Militar. Distinguirá entre los controladores dirigentes y los de base a la hora de juzgar los delitos en los que pudo incurrir el colectivo.
Los controladores de base podrían recibir un trato más favorable si prueban que fueron coaccionados, supuesto en el que se tendría más en cuenta la responsabilidad de los dirigentes, según reconoció el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. En cuanto a las penas, irán desde los tres meses hasta los ocho años, correspondiendo la parte más grave a los dirigentes.
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción consideró que la respuesta del Gobierno al "chantaje" de los controladores fue "correcta", pero la actuación del Ejecutivo en la protección a los consumidores afectados "deja mucho que desear", ya que es "prácticamente nula", según su portavoz, Rubén Sánchez.
Sánchez expresó su contrariedad por el hecho de que Leire Pajín, ministra de Sanidad, no haya comparecido para "recordarles a las aerolíneas" que tienen unas normas que cumplir e impulsar que los pasajeros reivindiquen y defiendan sus derechos.
