Zapatero solicitará la prórroga del estado de alarma si ante el "chantaje" lo ve necesario

En este sentido, Zapatero ha pedido a la Cámara Baja que "evalúe" si la situación provocada por los controladores que sólo quieren "aferrarse a sus privilegios", no es una situación "extraordinaria excepcional e intolerable para el interés público" y ha afirmado que el Gobierno "trabaja para cambiar este estado de cosas".

"NO DUDARÉ EN CASOS DE CALAMIDAD PÚBLICA" El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido hoy que el decreto de alarma ha sido una "medida proporcionada" ante la gravedad de los efectos de la protesta de los controladores, que ha definido como "una afrenta al orden público constitucional".

En su comparecencia en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para explicar las medidas adoptadas ante el paro masivo de los controladores que comenzó el pasado viernes, Zapatero ha afirmado que el Ejecutivo "agotó todas sus posibilidades de actuación" antes de poner en marcha el decreto de alarma, por primera vez en democracia.

"La situación generada, por la intensidad y extensión de sus efectos, y por el modo en que se desencadena -en abierta rebeldía con el estado de derecho, con sus normas e instituciones- originando una considerable y creciente alarma social, suponía una afrenta al orden público constitucional y como tal había que abordarla", ha dicho.

El abandono "súbito, masivo y simultáneo" de los controladores, ha recalcado, había paralizado un servicio público esencial, con "graves perjuicios para la economía del país y su imagen internacional".

Ante esta situación, "la respuesta clara y contundente" del Gobierno "ha sido ponderada y valorada por los medios internacionales, neutralizando o aminorando al menos el impacto negativo causado por el caos aéreo provocado por el abandono de controladores", ha asegurado.

Zapatero se ha mostrado tan seguro de su actuación que ha garantizado que el Gobierno "no dudará en utilizar, sin ignorar los requerimientos de proporcionalidad, todos los instrumentos del estado de derecho para poner fin a situaciones" como la vivida y evitar que los controladores puedan tomar de nuevo a los ciudadanos como "rehenes" de sus reivindicacioes.

No obstante, no ha desvelado si tiene intención de pedir una prórroga del estado de alarma, aprobado el pasado sábado con una duración de quince días.

Ha reconocido que la normalización del servicio "no ha puesto fin a las consecuencias derivadas de los hechos" y ha asumido la doble obligación de "impulsar la depuración de responsabilidades" y "facilitar el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados", sin descartar posibles sanciones penales.

El Gobierno, ha continuado, "se ha esforzado en que la declaración del estado de alarma se ciñera en su ámbito de aplicación a lo estrictamente necesario", tanto mediante la limitación a las torres y centros de control aéreo, como mediante la "expresa salvaguarda" de los derechos de los trabajadores afectados por la movilización.

Zapatero ha relatado la sucesión de acontecimientos que derivaron en el caos aéreo y ha defendido la finalidad preventiva del decreto con el que el viernes el Consejo de Ministros delimitó la jornada de los controladores y fijó nuevas exigencias, incluida la revisión médica previa a la baja y la posibilidad de ser militarizados.

Se aprobó, ha dicho, ante el riesgo de que el absentismo registrado en Santiago de Compostela y en Canarias se generalizara en el puente que empezaba ese día o en Navidades.

Ha relatado cómo el Gobierno trató de convencer a los representantes de los controladores para que depusieran su actitud pero miembros del sindicato USCA "exigieron la firma de un convenio colectivo" inasumible.

Tras explicar que en esta crisis se han movilizado 190 militares y 2.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha anunciado que el ministro de Fomento, José Blanco, comparecerá en el Congreso el próximo 14 de diciembre.

El Gobierno continuará trabajando para actualizar las normas que regulan a los controladores y buscar un punto de equilibrio "razonable" entre sus "muy favorables" condiciones de trabajo y las obligaciones que se les exigen, ha concluido.

La USCA recurre ante el Tribunal Supremo la militarización de los aeropuertos

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) indicó hoy que ha presentado dos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos que establecen el estado de alarma y "la militarización" de los servicios civiles de tránsito aéreo.

En un comunicado, USCA señaló que sus asesores jurídicos tienen "serias dudas" acerca del procedimiento que ha seguido el Gobierno para dictar estos decretos, así como sobre los fundamentos legales de dichas normas.

Asimismo, ante la situación de militarización que se ha decretado a los controladores, que según USCA "impide toda actuación de tipo sindical", el sindicato ha pedido al Supremo que certifique que la decisión de interponer ambos recursos se ha tomado efectivamente, y anunció que la trasladará a "la autoridad militar competente".

Fomento trabaja en retirar licencias a la "cúpula" de los controladores aéreos

El Ministerio de Fomento no descarta que se produzcan expulsiones de controladores y posible retirada de licencias, y afirma que pondrá a disposición de la Fiscalía pruebas que puedan destapar la responsabilidad del sindicato de los controladores (USCA).

El responsable de la cartera, José Blanco, lo indicó así en una entrevista, durante la que señaló que las penas derivadas del caos aéreo que vivió España a comienzos del puente de la Constitución "se resuelven a través de la sentencia de un juez". El ministro no quiso "enjuiciar conductas" que no le corresponden, pero indicó que "desde el pinto de vista laboral, la suspensión de empleo y sueldo y el despido están previstos".

El responsable de Fomento reflejó que cada sanción es individual, pero aseguró que habrá "desde faltas leves a graves y muy graves". "Habrá casos en los que habrá suspensión de empleo y sueldo; habrá casos, estoy seguro, de expulsión, y puede haber supuestos en los que la Agencia de Seguridad Aérea (Aesa) retire la licencia", añadió.

Afirmó que el Ministerio de Fomento pondrá a disposición de la Fiscalía todas las pruebas de que dispone, por si de ellas se derivara "una responsabilidad de la dirección del sindicato" de los controladores (USCA).

Blanco explicó que el papel de investigar no le corresponde al Ministerio. De este modo existe una vía laboral (la relación de Aena con sus controladores) y otra judicial, donde a su vez se abren dos canales: la vía penal, por la cual la Fiscalía reclamará responsabilidades; y la civil, abierta para que todos los perjudicados puedan reclamar.

ante la fiscalía Por otro lado, un centenar de controladores comienza hoy a declarar ante la Fiscalía de Madrid, en la Audiencia Provincial de la comunidad, por un delito de sedición con motivo del abandono de sus puestos de trabajo el pasado viernes, según fuentes jurídicas.

El Ministerio Público acordó el pasado sábado citar a declarar a aquellos controladores que abandonaron sus puestos para valorar si los hechos pudieran ser constitutivos del delito de sedición previsto en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964. El Ministerio argumenta si posición en la finalidad de averiguar "ñas causas de dicho abandono, dada la gravedad de los hechos y como consecuencia de los informes iniciales elaborados por los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Por su parte, la ministra de Defensa, Carme Chacón, indicó que el plante de los controladores tendrá consecuencias laborales "por AENA, penales, civiles, de las empresas". "Nadie puede abusar así de sus privilegios y dejar en la cuneta a tanta gente, además de las perdidas económicas del turismo", añadió Chacón.