pamplona. El 85,5% de las personas atendidas en los programas de acogida de Cáritas está en paro y el 49% no tiene ningún ingreso. La rueda de la necesidad crecerá este año ya que muchos beneficiarios de renta básica en Navarra se quedarán este año sin ayuda ya que se cumplen dos años, plazo máximo, desde su concesión. En estos momentos, hay 4.000 unidades familiares que se benefician de un cobro mensual mínimo de 633,30 euros (823,29 euros con tres miembros). Así lo advirtió ayer el director de Cáritas Diocesana, Ángel Iriarte, que alertó sobre la situación de "desprotección" en la que van a quedar muchas personas.
Cáritas alerta así que el retraso en los plazos de cuatro a seis meses para la concesión de ayudas como la renta básica está situando a muchas personas en situaciones "insostenibles". El plazo legal son 75 días desde que se solicita hasta que se paga esta prestación. Sin embargo, la institución social dependiente de la Iglesia católica se ve en "la obligación moral" de adelantar el dinero de las ayudas y, en muchos casos, dar dinero a fondo perdido. Y recuerdan que en el caso de la Administración, la obligación es de derecho, es decir, "legal y exigible".
Así, en lo que va de año han hecho frente al pago provisional de ayudas a 2.075 familias (algunas de ellas repiten), el doble que en el 2009, lo que ha supuesto un gasto de 2.124.198,43 euros. En dos años -desde la sede de San Antón- se ha adelantado dinero a 3.141 personas, 3.232.849,78 euros en total. Cáritas firmó un convenio de colaboración con Bienestar Social hace ahora dos años aunque, según Iriarte, ya venía realizando adelantos de ayudas a petición del Ejecutivo. Una práctica que, admiten, "debería haber sido excepcional y que se convirtió en común "desvirtuando así el espíritu inicial".
Según expuso Ángel Iriarte, la norma foral deja la "puerta abierta" para prorrogar los dos años de plazo máximo de la renta básica (en periodos de seis meses) en determinadas situaciones, y manifestó su temor sobre "¿cómo van a subsistir sin este recurso aquellas personas que no tienen posibilidad de incorporarse al mercado laboral?".
falta de personal La petición de renta básica se inicia con la solicitud de cita en los Servicios Sociales de Base (ayuntamientos) que a su vez tramita a Bienestar Social. Desde que se resuelve favorablemente el expediente (de cuatro a seis meses de retrasos) hasta que se efectúa el pago transcurren alrededor de mes o mes y medio, y es el dinero que Cáritas viene adelantando. Iriarte dio otra clave y es que, desde que comenzó la crisis, tanto los Servicios Sociales de base municipales como Asuntos Sociales del Gobierno tienen "el mismo número de trabajadores o menos". Señaló además que con la renta básica se traza un acuerdo de incorporación sociolaboral que no se puede llevar a cabo porque "no puede haber un seguimiento si no hay medios". Así, se puede encontrar "a gente que cobra la renta básica y que está durmiendo en cajeros".
Un segundo frente en la lucha contra la pobreza y la exclusión llegará a partir del 15 de febrero de 2011 con la eliminación del PRODI (ayuda estatal de 420 euros por desempleo). Por ello, desde Cáritas proponen que, dados los retrasos en la concesión de las ayudas, Bienestar Social permita iniciar ya los trámites de solicitud para que no se cree un "vacío".
testimonios Laura, de 41 años y natural de Argelia, está en el paro, ha trabajado muchos años en San Juan de Dios cuidando a una persona anciano y acude a Cáritas para "buscar trabajo". También Attapoku, de 25 años y procedente de Ghana, lleva tres años y medio sin papeles y sin trabajo, ha recibido la renta básica para tres meses pero no se la renuevan (ha venido a Cáritas por esa razón), y vive en alquiler con apoyo de sus compatriotas. Otra pareja de Ecuador, con un hijo en común, acude a Cáritas para informarse de cursos de formación con el objetivo de encontrar trabajo. Él está sin trabajo, solicitó en agosto la renta básica y la ha recibido este mes lo que resuelve su situación hasta febrero (seis meses). La colombiana Rosa Menesis, de 33 años, y su pareja Juan Rafael Zuñiga no cobran prestación y buscan empleo. Él se quedó en el paro y en febrero se le acaban los 420 euros del subsidio estatal. Tienen papeles, dos hijos y viven de alquiler. "Mi marido lleva aquí diez años, yo diez, y lo está pasando mal porque ha trabajado siempre y éste es un momento crítico", indicó.
