pamplona. Más de cinco meses de espera, casi medio año. Las peticiones de renta básica que entraron en Asuntos Sociales el pasado 8 de septiembre se están valorando en este momento y sus demandantes no cobrarán hasta finales de enero. Solicitudes que, a su vez, pidieron cita -en primera instancia- en su Servicio Social de Base el pasado mes de agosto. Las razones de este retraso son la falta de personal administrativo y la compleja tramitación. Así, el departamento de Asuntos Sociales del Gobierno foral destina trece profesionales a hacer la valoración inicial de los expedientes de renta básica que llegan desde los Servicios Sociales de base de los diferentes ayuntamientos y de las unidades de barrio de Pamplona, encargadas de elevar el primer informe social.
Personal del todo insuficiente para atender una demanda de prestaciones que se ha triplicado en los últimos dos años (6.295 solicitudes aprobadas desde enero de 2010), y que no se resuelven antes de cuatro a seis meses. Así lo reconocen los trabajadores sociales y las diferentes entidades sociales que derivan casos a estos servicios públicos como son Cáritas, Cruz Roja o Anafe. Desde Asuntos Sociales se analiza cada informe social municipal, se evalúa si corresponde dar la ayuda y se calcula la cuantía. En concreto, son diez las personas asignadas a trabajos de valoración a jornada completa y otras dos a media jornada, que ahora se han unificado en un mismo equipo, explicaron fuentes de la Administración. En realidad, todo el personal funcionario que "tramita" renta básica en su totalidad está formado por trece técnicos (trabajadores y educadores sociales), incluyendo coordinación, y cinco administrativos (uno a media jornada), matizó ayer la directora general de Asuntos Sociales del Gobierno foral Marta Álvarez. Así, tres técnicos se encargan de revisar todos los expedientes y, en especial, los casos excepcionales o "revisiones de casos crónicos", mientras que los cinco administrativos comprueban la documentación, los certificados de convivencia y de empadronamiento.
acumulación de tareas Entre enero y julio se contrataron "por acumulación de trabajo" a otros cuatro administrativos y cuatro técnicos, y la idea es reforzar de nuevo a partir de enero con ocho nuevas contrataciones que "ya ha aprobado Función Pública". "No es sólo un problema de plantilla, ya que la compone Incorporación Social es la más amplia, intentamos también cambiar el procedimiento porque los plazos son muy largos. En este sentido, se ha avanzado en la tramitación administrativa para simplificar los informes sociales en personas que se encuentran en una situación coyuntural por desempleo", apostilló.
Por otro lado, en los dos últimos años, coincidiendo con el aumento de peticiones de ayudas públicas derivadas de la situación de crisis económica, se ha reducido en cuatro contratos y medio las personas que trabajan en renta básica en las diferentes unidades de barrio de Pamplona, observan los propios trabajadores, que atienden una media de siete-ocho citas al día, y hasta trece.
adelantos de cáritas Cabe recordar que el director de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Ángel Iriarte, criticaba la semana pasada la falta de medios y personal para agilizar la tramitación de la renta básica (seis meses para el cobro) y destacaba que, a través de un convenio con el Gobierno foral, la institución ha adelantado el pago este año a 2.075 usuarios a los que se ha aprobado la renta (se tarda entorno a un mes en hacer efectivo el pago desde la autorización) lo que ha supuesto un desembolso de 2,1 millones de euros. También desde las diferentes unidades de barrio confirmaron ayer que la media habitual de espera desde que se solicita la renta básica hasta que se cobra son entre cinco y seis meses. Los retrasos están repercutiendo de forma negativa en personas con necesidades "para comer", aseguran los trabajadores sociales consultados, personas que "han estado trabajando en aquellos trabajos que no hemos querido los autóctonos y que apenas han cotizado, por lo que esta renta supone la última red de protección social". Las citas desde los Servicios Sociales de Base se están dando en plazos de entre uno y dos meses. Además, destacan que la demora "rompe la dinámica de intervención social" porque muchas de estas personas que se encuentran trabajando en procesos de integración (problemas de adicciones, salud mental, etcétera) se encuentran de golpe en su cuenta bancaria con ingresos de 3.800 euros (los cinco meses de retrasos por ejemplo para una familia con dos miembros) que le adelanta Cáritas. "Es una dinámica perversa porque hay personas que pueden tener problemas de consumos y estar en programas de rehabilitación que corren el riesgo de una recaída. Se pierden años de trabajo social y se desvirtúa la idea de renta que es para comer...". Hay personas que además necesitan dinero por un problema de salud (medicamentos), o, desde la exclusión, verse en la necesidad de "robar".
Los trabajadores sociales alertan por otro lado que en febrero se elimina el PRODI (426 euros), un subsidio estatal para parados de larga duración que hasta ahora se complementaba con la renta básica (los 216 euros de diferencia) ya que ambas son incompatibles.
