pamplona. El control sobre la renta básica se ha intensificado en los dos últimos años. A lo largo del 2010 se han realizado un millar de inspecciones, según datos facilitados por Asuntos Sociales, en las que se ha comprobado el empadronamiento de los beneficiarios y si el certificado de convivencia era real, y se han cruzado los datos con el Servicio Navarro de Empleo para comprobar si se han rechazado ofertas de trabajo. De las solicitudes aprobadas desde enero de 2010 hasta octubre de 2010, 6.295, 715 han sido dadas de baja por diferentes razones, la mayoría (441) por haber encontrado otros empleos protegidos o en el mercado libre y 185 por incumplimientos. En este momento, de las personas perceptoras de Renta Básica (7.700 personas en 3.300 unidades familiares), el 40% se encontraría en situación de exclusión social estructural (en cifras estables) y el 60% en coyuntural (con tendencia a seguir creciendo). En 2009 y 2010 el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas dirigidas al fomento del empleo y a la contratación de estas personas.

Por otro lado, trabajadores sociales de ayuntamientos consultados afirman que desde Hacienda también se realizan inspecciones para saber si existen beneficiarios que cobran dinero sin declararlo y a los que no sólo se les retira la renta sino que incluso se les exige la devolución de determinadas cantidades. La mayoría de solicitantes de renta básica necesitan esta prestación, admiten, "incluso en algunos casos pueden tener algún apoyo mínimo, pero hay otras personas, las menos, que plantean como una exigencia el dinero que es de todos y tienen un buen manejo de las prestaciones sociales o cobran dinero en B, o viven en pareja aunque dicen estar separados o salen fuera del país durante varios meses y vuelven para renovar la prestación". Por ello se está reforzando el nivel de exigencia y se pide el pasaporte para renovar la renta. Los acuerdos de incorporación sociolaboral que se firman con el usuario en los servicios sociales de base establecen las condiciones que debe cumplir para obtener el cobro de la prestación (desde buscar trabajo hasta acudir al pediatra o hacer cursos).

El seguimiento no es fácil. "Hay personas que tienen dificultades para encontrar un trabajo por situaciones cronificadas como consumos, salud mental, bajo nivel cultural o hábitos de exclusión como determinadas minorías, además de inmigrantes irregulares", remarcan. En estos momentos, se está reforzando el control sobre estos acuerdos por parte del mismo personal que se encarga de las valoraciones en Asuntos Sociales para ver "si esa persona puede dar más de sí". También temen que la ayuda se limite a los dos años porque, en realidad, ahora "no hay límite".