pamplona. El Gobierno de Navarra atenderá las distintas voces, emitidas tanto desde el TSJN como de la representación sindical de CCOO en la comisión de personal de Justicia, que reclamaban medidas de refuerzo para los juzgados de lo Penal de la capital navarra debido a la entrada en vigor mañana de la reforma del Código Penal. El director general de Justicia, Roberto Rubio, confirmó ayer que se adoptarán tales medidas y que se plasmarán en la contratación de varios funcionarios para hacer frente a la revisión de sentencias. Como se informó en este periódico la semana pasada, más de 3.000 fallos judiciales deberán ser revisados, sobre todo por los juzgados de lo Penal de Pamplona, aunque también en un número muy escueto por las secciones de la Audiencia Provincial, debido a la rebaja de penas que sufrirán delitos como el tráfico de drogas, los vinculados con la seguridad vial y aquellos que tengan que ver con la propiedad industrial e intelectual -top manta-.

Aunque no exista una respuesta oficial a las peticiones solicitadas, el Gobierno foral se ha comprometido a poner en marcha un servicio común de ejecutorias, pensado en principio "para atender un hecho puntual que hay que atender ahora" como es la revisión de sentencias, explicó Roberto Rubio, "y que, a más largo plazo, pueden convertirse en un personal válido para mantener ese servicio cuando se ponga en marcha la Nueva Oficina Judicial".

En principio no está concretado el número de funcionarios que reforzarán los juzgados y que se especializarán en el seguimiento de esas sentencias. Sin embargo, ese Servicio Común de Ejecutorias, que daría servicio a varios órganos, ya se conoce que en caso de aceptarse las propuestas realizadas requerirá para su puesta en práctica con un secretario judicial (que simultaneará tareas), un funcionario del cuerpo de gestión, tres del cuerpo de tramitación y uno del de auxilio judicial. Sería el número ideal para afrontar un comienzo de año con un trabajo descomunal en el ámbito penal.