Para qué hacer balances si no aprendemos nada

EL tiempo de Navidad se está convirtiendo en un momento propicio para que todos los medios de comunicación hagan los más diversos balances, escojan noticias y personajes del año, recuperen videos y fotos singulares, o investiguen qué hubo de verdad en el viaje de los Reyes Magos. Una costumbre que este año parece haberse acelerado en virtud de la crisis, que surte a los periodistas de temáticas innumerables, y de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que nos hace reflexionar sobre la enorme improvisación con la que ordenamos la sociedad y hacemos funcionar la Justicia, y sobre la carencia endémica de evaluaciones objetivas sobre la acción de las Administraciones.

A modo de ejemplo, y siguiendo las inercias del momento, nos detendremos hoy, a modo de ejemplo, en las políticas antidroga, ya que en ellas colaboran los tres poderes -el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial-, los ciudadanos y su cultura y las relaciones internacionales, y porque la droga produce gastos exorbitantes en el mundo laboral y en el sistema sanitario. También lo hemos elegido porque trata de un problema de muy largo recorrido, del que ya se pueden sacar algunas consecuencias indiscutibles.

Fue a finales de los años 70 cuando la sociedad civil empezó a tomar conciencia de los graves problemas sociales y familiares derivados de la creciente adicción a la droga, y cuando aparecieron montones de héroes y heroínas que, basándose en la fuerza de la acción social, empezaron a exigir reformas legales y acciones represivas contra los narcotraficantes. Desde entonces se multiplicaron como los hongos las leyes disuasorias, los jueces estrella, los Elliot Ness celtibéricos, los presos, las campañas de persuasión disparatadas, los macrojuicios con nombres rimbombantes, y los partidos de fútbol presididos por la familia real. ¿Y cuál es el resultado?

Lo que yo veo es esto: que los mercados de droga están más y mejor abastecidos que nunca; que todos los españoles interesados conocen sin ningún problema las redes de abastecimiento; que somos el primer país de Europa en el consumo de estupefacientes ilegales; que somos la principal ruta de entrada de la droga en Europa; y que el consumo de la cocaína está casi normalizado en los fines de semana y en los festejos soc iales.

También hemos logrado que la delincuencia organizada se forre de euros hasta limites otrora inimaginables, y que, a pesar de que los decomisos de droga aumentan de forma portentosa, la acción policial sólo sirva para evaluar, por contraposición, la descomunal riada de droga que fluye diariamente hacia nuestros puertos y aeropuertos. Y eso es un fracaso absoluto, porque, mientras las fuerzas de policía son incapaces de controlar el flujo criminal de la droga, constituyen una pieza eficacísima a la hora de mantener los astronómicos beneficios que produce una materia que, sin la contribución de la ilegalidad, tendría un valor muy escaso.

¿Y por qué seguimos así? Por inercia, supongo. Porque los balances los hacemos para nada. Porque nunca medimos la eficiencia de la acción administrativa en función de sus resultados. Porque creemos que la legalización sólo es una opción si es universal y simultánea. Porque aún hay gente que piensa -yo no, por supuesto- que la legalización ordenada aumentaría el problema. Y digo esto porque no quiero creer -Dios me libre- que son los narcos y los grandes inversores los que piden más Policía, más represión, más campañas y más partidos de fútbol para incrementar la generación de dinero negro orientado a la especulación. No lo digo, claro, pero podría decirlo.