PAMPLONA. Aunque abierta al resto de las entidades, hoy han sido Caja Laboral, Caja Navarra-Banca Cívica y Caja Rural las que han rubricado el convenio, que, según el consejero, establece "unas condiciones muy, muy por debajo de lo que hoy está el mercado, con unas comisiones muy adecuadas y el compromiso por parte de las entidades financieras de abrir líneas de financiación".

Un compromiso cuya importancia ha subrayado Anai Astiz, quien ha calificado de "fundamental" que existan estas líneas de financiación ya que el acceso a la misma "es una de las necesidades más acuciantes e importantes en los tiempos que en estos momentos corren".

Sobre todo, ha subrayado el consejero, el objetivo del convenio "es buscar y conseguir la implicación de las entidades financieras navarras", además de actualizar el anterior convenio, firmado en 1998, que se había quedado "obsoleto" por recoger unas condiciones "absolutamente fuera de mercado".

Se trata en definitiva de fijar un marco "realista y efectivo que solucione la actual falta de financiación".

Este nuevo convenio ha sido suscrito, además de por el consejero, por el director comercial de Caja Laboral, Iñaki Urtasun; el responsable del Área de Particulares y Pymes de la zona Norte de Caja Navarra-Banca Cívica, Joaquín Arbeloa; y el responsable del Área de Vivienda de Caja Rural, Santiago Esparza.

Entre las principales novedades que aporta este nuevo acuerdo, el consejero Astiz ha destacado que sea ahora el Euribor el índice que se tome como referencia para calcular el tipo de interés en vez del IRPH (Índice de Referencia de Préstamos).

Asimismo, Astiz también ha señalado que se ha tenido en cuenta el llamado Código de Buenas Prácticas Bancarias, aprobado recientemente por el Gobierno de España y al que se han adherido Caja Laboral, Caja Navarra-Banca Cívica y Caja Rural.

El importe máximo del préstamo cualificado alcanzará el 80 % del importe de venta de la vivienda, garaje y trastero vinculado, mientras que para la rehabilitación el importe del préstamo cualificado podrá alcanzar el importe del presupuesto protegible menos las subvenciones reconocidas.

Por su parte, en actuaciones de adquisición de viviendas de integración social la cobertura financiera podrá alcanzar el 95 % del valor de venta imputable.

El tipo de interés se revisará cada año, según el acuerdo, que establece además que en periodo de amortización, el tipo de interés nominal para cada uno de los préstamos concedidos, será el resultante de añadir un diferencial, de un mínimo de 0,60 puntos y un máximo de 1,90 puntos a la referencia Euribor a un año publicada por el Banco de España.

En cuanto a la duración de los préstamos, el acuerdo fija hasta un máximo de 35 años más un periodo de carencia de hasta 3 años para la promoción de vivienda de protección pública en régimen de compraventa, alquiler u otros regímenes de protección pública.

También de hasta 35 años será la duración de los préstamos para la adquisición en primera transmisión de viviendas de régimen de protección oficial, de precio tasado o precio pactado u otros regímenes de vivienda de protección pública.

Por su parte, en los préstamos para actuaciones de rehabilitación, el plazo será de un máximo de 25 años, más un periodo de hasta 30 meses de carencia, y para adquisición de viviendas usadas en el régimen de integración social, de hasta 35 años.