pamplona. Así lo señaló el consejero de Fomento y Vivienda Anai Astiz tras la firma ayer del convenio de colaboración con tres entidades financieras, Caja Navarra-Banca Cívica, Caja Laboral y Caja Rural, que pretende "facilitar" préstamos para la adquisición, promoción y rehabilitación de vivienda protegida. El titular de Vivienda reconoció la "falta de financiación" como un problema real en este sector y la necesidad de establecer un nuevo "acuerdo más acorde con la situación actual" ya que el convenio actual data de 1998, y el departamento había detectado una "diminución del número de operaciones cualificadas realizadas". El acuerdo -suscrito ayer con Iñaki Urtasun de Miguel de Caja Laboral, Joaquín Arbeloa de Caja Navarra-Banca Cívica y Santiago Esparza de Caja Rural-, pretende "fijar un marco realista y efectivo en la concesión de financiaciones". En relación al alto número de renuncias en la compra de VPO, dijo que con el convenio "vamos a conseguir que no deje de haber esa financiación".

El Gobierno confía además que el resto de entidades se adhieran al pacto. Según Astiz, los mínimos y máximos que se marcan como tipo de interés en periodo de amortización -Euribor más 0,60 puntos mínimo y 1,90 máximos como diferencial- están "muy, muy por debajo" de lo que oferta el mercado, pero lo importante aseguró es el "compromiso de que se abran líneas de financiación en compra y rehabilitación que es una de las necesidades más acuciantes". Hasta ahora el convenio, que practicamente no se venía aplicando por las entidades, fijaba como tipo de interés un diferencial de IRPH (Índice de Referencia de Préstamos) más 0,5.

Además, establece que no habrá comisión de apertura para el adquiriente, ni tampoco comisión por amortizaciones parciales ni por la cancelación total anticipada. Las comisiones por subrogación de deudor serán del 0,5% de la operación. Preguntado sobre si este acuerdo es vinculante para las entidades, Anai Astiz aseguró que "vincula en cuanto que hay unas condiciones prefijadas muy determinadas, como en las comisiones o los tipos de interés, donde se fija un tipo de referencia con unos diferenciales prefijados". "Lógicamente esos diferenciales se dejan abiertos a la negociación que tenga la entidad financiera con cada cliente en función de sus características", indicó. Se irá estudiando además, año a año, en función de la "situación económica".

Por otro lado, el tipo de interés se revisará cada año. El importe máximo del préstamo cualificado alcanzará el 80 % del importe de venta de la vivienda, garaje y trastero vinculado, mientras que para la rehabilitación el importe del préstamo cualificado podrá alcanzar el importe del presupuesto protegible menos las subvenciones reconocidas. Astiz destacó además que existe la posibilidad de que cada entidad se acoja al aval Nafinco del Gobierno foral para complementar hasta el 90% de ese préstamo.

Por su parte, para viviendas de integración social la cobertura financiera podrá alcanzar el 95% del valor de venta imputable. En cuanto a la duración de los préstamos, el acuerdo fija hasta un máximo de 35 años más un periodo de carencia de hasta 3 años para la promoción de vivienda de protección pública en régimen de compraventa, alquiler u otros regímenes de protección pública. También de hasta 35 años será la duración de los préstamos para la adquisición en primera transmisión de viviendas de VPO, precio tasado o precio pactado u otros regímenes de vivienda de protección pública.

rehabilitación Por su parte, en los préstamos para actuaciones de rehabilitación, el plazo será de un máximo de 25 años, más un periodo de hasta 30 meses de carencia, y para adquisición de viviendas usadas en el régimen de integración social, de hasta 35 años. En relación a las garantías exigidas por las entidades para la concesión de préstamos, aseguró que no varían ya que "lo lógico es que a una persona sin trabajo ni recursos no pueda acceder a financiación". Astiz también señaló que se ha tenido en cuenta el llamado Código de Buenas Prácticas Bancarias, para evitar desahucios aprobado por el Gobierno estatal y al que ya se han adherido Caja Navarra, Caja Navarra-Banca Cívica y Caja Rural.