pamplona. Por esta razón, los afectados han decidido tomar otra vía de "desobediencia civil pacífica", y ayer presentaron ante los juzgados de primera instancia de todo el Estado un escrito de suspensión de todos los procesos abiertos hasta que no se lleve a cabo la modificación de la ley procesal, alegación que ha sido elaborado por abogados de la PAH. En concreto, en Pamplona se presentaron en el juzgado decano los primeros doce recursos, que también han sido enviados a los colegios de abogados y están circulando a través de las redes sociales.
La PAH estima que superan los 150 los casos de ejecución hipotecaria o al borde de la misma que están siendo analizados por la plataforma, y que seguirán el mismo camino. Además, hay que tener en cuenta que en lo que va de año se han iniciado 736 ejecuciones hipotecarias en toda Navarra (en todo 2011, 621), y solo en Pamplona se han autorizado 129 lanzamientos (pueden ser por falta de pago de rentas de alquiler, de locales comerciales o de hipotecas).
En dichos recursos -ayer se presentaron aquellos casos que no han conseguido justicia gratuita- se incide en que actualmente el Tribunal de Justicia de la UE está examinando si el sistema de ejecución hipotecaria española respeta la normativa comunitaria, después de que el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona le plantease una cuestión prejudicial. Razón por la que se pide la suspensión provisional del procedimiento ejecutivo hasta que se conozca la resolución judicial.
Recuerdan además la situación de "emergencia social", reconocida por la propia Asociación Española de Banca, y el compromiso de las entidades "miembros de la AEB, por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social, de paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad".
De hecho, agregan, en el segundo semestre de 2012 se han iniciado más de 50.000 procesos de ejecución hipotecaria por lo que se superarán las 400.000 desde el inicio de la crisis. Los procesos abiertos constituyen una "violación sistemática de derechos humanos", ya que "sitúan a la persona ejecutada en una situación de absoluta indefensión".
La única novedad del actual decreto, remarcan, es que entre el desahucio voluntario y el forzoso transcurrirán 24 meses en lugar de uno. Según Hernández, dos años en los que, además, tendrá que pagar unos intereses de mora del 20%. Un decreto que, por otro lado, no modifica la Ley Hipotecaria de 1909 ni la ley que regula la ejecución hipotecaria cuando la situación económica y social es muy diferente. Recuerdan además que tanto el Consejo General del Poder Judicial, como asociaciones de juristas, jueces, fiscales, organismos, colectivos, la UE e incluso la ONU han denunciado esta ley. Se ignora además, señalan, a 400.000 familias ya desahuciadas, ya que no tiene efecto retroactivo, al igual que no tiene en cuenta a menores de más de tres años. Tampoco alude la dación en pago, no modifica el valor de adjudicación de la vivienda en la subasta, manteniendo el 60%, no modifica los intereses de mora del 20% ni atiende a "las cláusulas abusivas de las hipotecas". De igual modo, creen que instar al gobierno a que dedique viviendas al alquiler social "nos parece de nuevo que pretende reírse de la ciudadanía ejemplificando su inacción".
Por otro lado, cada vez son más el número de familias que acuden a las citas de la PAH. Es el caso de Julio José Ortiz, cuya vivienda de Huarte fue subastada en julio por el banco Santander. No pudo pagar las letras porque se encontraba en paro y a los cinco meses le embargaron. Su mujer y su hija de siete años siguen ocupando la vivienda a la que no ha llegado todavía orden de desahucio. Se da la circunstancia de que ahora tiene trabajo, pero el banco no echa atrás el proceso ejecutorio. Pagaba 1.100 euros de letra y 500 de otros préstamos. Hoy, acusa a la entidad financiera de "negarse a negociar".
