El TSJM ratifica la condena de Fermín Elizalde por un negocio fraudulento en Vallecas (Madrid)

pamplona. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado los recursos presentados por la multinacional del transporte UPS (United Parcel Service) y por la empresa navarra ILC (Integración de Logística Complementaria), del grupo ISN de Fermín Elizalde Urmeneta, contra la sentencia que declaró en su día la nulidad de la venta del centro de UPS en Vallecas, por considerarla ilegal y fraudulenta. La resolución confirma la multa de 6.000 euros a ambas empresas por "temeridad y mala fe" al ocultar el documento original de la operación.

La Sección nº 2 de lo Social del TSJM ha concluido, igual que ya hizo el Juzgado de lo Social número 30 de Madrid, que la empresa estadounidense y la navarra simularon la compraventa de las instalaciones por un solo euro. Elizalde recibió, por su parte, 10,5 millones como comprador como indemnización, circunstancia que los representantes sindicales de Vallecas consideran que tenía como propósito que el empresario navarro hiciera "el trabajo sucio: desmantelar el centro de Vallecas y deshacerse de sus trabajadores".

El fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, ratifica la anulación de la compraventa del centro de trabajo de UPS en Vallecas y obliga a readmitir a 75 trabajadores, que han sobrevivido a tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) declarados por la empresa entre los años 2008 y 2010, y que fueron anulados por la autoridad laboral al no encontrar razones económicas u organizativas.

La sentencia que ha dictado el TSJM confirma la "flagrante temeridad en las empresas demandadas" y recuerda en ese sentido que "la aportación incompleta, sesgada y parcial de documentación como el acta notarial han provocado una demora en el procedimiento, algo importante teniendo en cuenta que muchos de los actores están desde agosto en suspensión de contrato y sin cobrar salario".

ocultado a los trabajadores Al respecto, la resolución destaca que "el acuerdo de compraventa fue ocultado en sus aspectos laborales a los trabajadores por expreso acuerdo en tal sentido, en el que las partes se obligan a no revelar la información confidencial a los empleados. Es más, los trabajadores y sus contratos son parte directa del objeto del negocio jurídico. Fue altamente significativa a este respecto la declaración en interrogatorio en la que el representante de ILC (Elizalde) reconoció, no sin renuencias iniciales, que recibió 10,5 millones de euros justo por hacerse cargo de la plantilla. Ese pago está igualmente omitido con todo cuidado en las actas de manifestaciones", que firmaron ante notario UPS y ILC.