pamplona - El caso de corrupción en torno a la localidad zaragozana de Mallén cerró ayer un largo capítulo en los tribunales casi con un pleno de absoluciones y con la única condena del que es alcalde socialista del municipio desde hace 17 años Antonio Asín, diputado e inhabilitado siete años por prevaricar. Asín recurrirá al Supremo. En la causa había dos acusados navarros, José Antonio Pérez Lizar, exdirigente de la Federación Agroalimentaria de UGT, para el que la Fiscalía solicitaba seis años y medio de prisión por fraude, falsedad y un delito contra Hacienda por su actividad empresarial al frente de la mercantil Agrovalle, un negocio frustrado a los dos años de crearse en Mallén, y José Antonio Fernández Jaurrieta, empleado de la Caixa en Tudela, al que el fiscal le pedía dos años de cárcel al entender que falseó un ingreso que propició a Pérez Lizar y a su socio acreditar una ampliación de capital para Agrovalle. El tribunal considera que Fernández Jaurrieta no falseó ningún documento.

Además, el Ministerio Público acusaba a Pérez Lizar de beneficiarse de las subvenciones concedidas por la Diputación aragonesa, pero su acusación cayó en saco roto para el tribunal, que absuelve al exdirigente de UGT de todos los delitos.

En este asunto, al alcalde Asín se le acusaba de prevaricar como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Urbanística Municipal de Mallén S.A., al adoptar la decisión de vender dos parcelas a los representantes de Agrovalle S.A., los también acusados Herbert Kolling y José Luis Pérez Lizar, por un precio simbólico de 30.000 euros. Dichas parcelas las cedió gratis el Consistorio a la sociedad. En la sentencia se ha considerado que esa venta directa por precio simbólico no constituye el delito de prevaricación administrativa que las acusaciones atribuyen al alcalde. La citada sociedad "no es Administración pública sino una mercantil que se rige por el derecho mercantil y actúa en régimen de empresa privada".

Pérez Lizar, que percibió en 21 meses en Agrovalle 137.749'07 euros aprobados por el Consejo de Administración, gastó en clientes 42.652 euros de una tarjeta VISA para pagarles saunas, clubes, comidas en diversos restaurantes y en diversas compras que cargaba a la firma. El tribunal, a diferencia del fiscal, entiende que la empresa se hundió no solo por la gestión de sus responsables y que estos cumplieron las condiciones exigidas por la Administración para abonarles las subvenciones, y fueron cumpliendo parcialmente los compromisos obligados para ayudas públicas (creación de empleo, volumen de negocio, continuidad de la actividad). Primero invirtieron 7 millones "para construir la fábrica pero desde enero de 2008, construida ya, priorizaron el cobro de sus jugosos salarios.

Pérez Lizar afirmó ayer sentirse "feliz" por terminar un "absoluto calvario de tres años para mí y mi familia. Hicimos una compra legal y limpia de los terrenos y las subvenciones fueron devueltas por lo que no hubo quebranto de dinero público".