pamplona - Cada vez son más las voces críticas contra el Programa de Aprendizaje en Inglés. Todos los sindicatos educativos sin excepción han criticado la escasa planificación del departamento de Educación a la hora de implantar este programa y ya son cuatro los sindicatos que han decidido dar un paso más y recurrir la normativa que lo regula. El primero en anunciar un recurso fue ELA, que ha emprendido su camino en solitario, mientras que ayer fueron los sindicatos LAB, STEE-EILAS y APS quienes informaron de su decisión de solicitar la “suspensión cautelar” del PAI y recurrir todas las listas y actos de adjudicación derivados del último decreto aprobado por Educación. “No estamos en contra del profesorado que trabaja en el PAI ni del plurilingüismo. Interponemos el recurso porque estamos a favor de la calidad real de la enseñanza, que depende en gran medida de la cualificación y especialización de sus profesionales. Y tal y como se está impartiendo el PAI ni se asegura la formación pedagógica ni la formación en inglés”, afirmó ayer Gorka Bueno, de LAB.

Todos los sindicatos educativos, según recordaron en rueda de prensa, se han mostrado contrarios a los artículos referidos a las plazas con perfil de lengua extranjera del último decreto por el que se regula la provisión de puestos docentes. “Nos hemos reunido para intentar aunar esfuerzos con el fin de interponer de manera conjunta un recurso contra el decreto 37/2014 y al final somos LAB, STEE-EILAS y APS las organizaciones que hemos decidido hacerlo conjuntamente”, explicó Alberto Royo, de APS Navarra, quien destacó que la implantación del TIL, ahora llamado PAI, se ha realizado “sin ningún tipo de planificación ni análisis de las necesidades reales”.

idioma y especialidad Uno de los aspectos que preocupa a estos sindicatos es la rebaja de los requisitos lingüísticos del profesorado que imparte clase en este programa. “En 2009 establecieron el nivel C1, pero la Administración sabía desde el inicio que no contaba con los recursos personales suficientes para llevarlo adelante por lo que estableció la posibilidad de obtener una acreditación provisional, para 5 años, mediante una prueba que establecía el departamento e incluso, con carácter excepcional, la posibilidad de dar clase con un nivel inferior. Ahora el decreto de 2014 permite dar clase con un B2 hasta 2021”, explicó Amaia Zubieta, de STEE-EILAS.

La otra cuestión que les inquieta es el tema de la especialidad. Y es que hasta ahora Educación ha permitido que personas especialistas en inglés sean cotutoras de Infantil sin tener esta especialidad “y por haberlo hecho, ahora se les ha proporcionado una habilitación transitoria hasta 2021”. En este sentido, Bueno aseguró que “la titulación de Infantil que se está exigiendo en el resto de centros no se demanda en los que ofertan el PAI. Creemos que es muy importante conocer y saber cómo educar y relacionarse con niños y niñas de esas edades”, y advirtió de que lo mismo podría ocurrir en Secundaria. “De la misma manera que no consideramos razonable que un docente, por saber inglés, imparta Matemáticas o Filosofía en lengua inglesa, tampoco debería tener la capacitación para compartir la tutoría de un grupo de Infantil”, aseguró el representante de LAB.

Con el nuevo decreto sí prevalece la especialidad “pero sigue sin haber profesorado suficiente”, señaló Zubieta para añadir que “primero tienen preferencia los docentes con la especialidad requerida y nivel C1, pero representan sólo el 20%; después rebajan el nivel a B2; después entran profesores que tienen el nivel C1 pero no la especialidad, y ya por último aquellos que no cumplen ni con el requisito lingüístico ni con la especialidad”.

Tras enumerar varios colectivos docentes que se ven perjudicados por la generalización del PAI, los tres sindicatos insistieron en que “el principal perjudicado es el alumnado”, ya que según señaló Royo “este programa, implantado de esta forma, no va a mejorar el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes, más bien al contrario”. En este sentido, los representantes de los tres sindicatos coincidieron en calificar la actuación de Educación de“una estafa a las familias y un fraude de ley”, ya que “les están engañando, les han ocultado la realidad: una parte importante del profesorado que imparte en lengua inglesa carece del nivel suficiente para garantizar una enseñanza de calidad y otros no tienen la especialidad”.