Adopción nacional: prioridades letales

una “verdad a medias” puede llevarnos a conclusiones engañosas o falsas. En la web del Parlamento de Navarra donde dice “se recupera la Ley de 2013, que suprime directamente la prioridad de las unidades familiares sin hijos en la adopción de menores de 0-2 años sin necesidades especiales”, debería decir “Con la recuperación de la ley foral de 2013 en 20 años se suprimirá, en la práctica, la prioridad que, desde 2005, y únicamente en Navarra, se viene dando a las unidades familiares sin hijos en la adopción nacional de menores de 0-2 años sin necesidades especiales, respecto a las familias con hijos”. Esto es así porque, con la derogación de la ley foral de 2014, recientemente aprobada, las familias con hijos serán, de nuevo, recolocadas en la lista de adopciones tras todas las familias sin hijos.

Ya en 2013 se había suprimido, por discriminatorio, un artículo de la ley foral de 2005, para eliminar las prioridades entre familias; pero ello no consiguió lo deseado, al determinarse en su disposición transitoria, que las familias con hijos no se recolocarían en el, ya extensísimo, listado según su fecha de registro, sino al final del mismo. Ello, automáticamente, catapultaba a las familias con hijos, en la práctica y directamente, a quedar excluidas del proceso, sin opción alguna de hacer real ni efectiva la adopción. Esto era, en la práctica, seguir prorrogando y consolidando dicha prebenda a las mismas familias sin hijos y la exclusión del proceso de una parte de familias navarras.

El pasado año, los grupos parlamentarios aprobaban, por unanimidad, la eliminación de aquella ley foral de 2013 que acabo de citar por considerarla perjudicial, agraviante y discriminatoria hacia las familias con hijos, no existiendo argumentos fundamentados ni concluyentes que justificaran la mayor capacidad protectora de las familias sin hijos sobre las familias con hijos, y a partir de ello concluir que no tenía sentido ni otorgar, ni mantener dicha prioridad. Esta modificación sólo ha pervivido un año, a pesar de que estuvo motivada por el hecho de querer incorporar a todas las familias al proceso, dando valor a la fecha de registro de cada familia oferente, como criterio justo y razonable.

Sorprendentemente, en el último Pleno de esta legislatura, de forma no unánime, se ha derogado la joven ley restableciéndose la de 2013, la que considero agraviante y excluyente hacia las familias con hijos. Son varias las razones que nos traen hasta la actual situación:

1.- La normativa navarra sobre adopción tiene graves déficits: El artículo que priorizaba entre diferentes familias; eliminar el límite de edad entre los y las adoptantes y el menor adoptable; el poder considerar idóneas a las familias adoptantes “por silencio administrativo” incluso sin haberles valorado nunca; las tres leyes forales en tres años para establecer una posición en el listado, consolidándose con el último cambio el que, realmente, se deja fuera a una parte de las familias navarras. ¡Todo un despropósito!

2.- El haber subvertido los argumentos y principios fundamentales sobre los que debiera basarse una regulación en materia de adopción, la cual debiera estar centrada en las necesidades e intereses del menor adoptable, y no tanto en los de las unidades familiares que se ofrecen para prohijar por vía adoptiva, incluso dando por válida la discriminación entre diferentes tipos de familias.

3.- El juego político, al final de esta legislatura, contra un gobierno en minoría, aun siendo conscientes quienes derogaban la ley, que perpetuaban la exclusión de las familias con hijos del proceso.

4.- Prevalecen los mensajes emocionales: Este tipo de contenidos, tras escuchar a algunas familias sin hijos inmersas en este mismo proceso han calado más que los fundamentos basados en la protección a la infancia.

En relación con el Documento Final de la Ponencia sobre Adopción quiero señalar que, aun con contenidos duros y críticas a tener en cuenta para no cometer los mismos errores en el futuro, recoge aspectos bien enfocados y apunta interesantes líneas de mejora. Entre las conclusiones se dice que, en cuanto se configure el nuevo Parlamento, se revisará la actual normativa. Por lo tanto, considero que ha sido forzado y en absoluto fundamentado el que se haya concluido que era necesario hacer este último cambio de ley foral. Es un “cierre en falso”, en toda regla.

Manifiesto mi esperanza de que en la próxima legislatura, se introduzca más de racionalidad, estableciendo criterios más claros, justos y, sobre todo fundamentados, a partir de quien es el centro, sujeto y protagonista del proceso: el menor adoptable, y sus necesidades y derechos.

A algunas familias esas modificaciones nos llegarán tarde, la edad juega en nuestra contra. Confío en que, los errores cometidos, algunos ya de consecuencias irreparables, sirvan para mejorar las cosas.

Familia en proceso de adopción nacional.

Trabajador social.