pamplona - La titular del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona ha cerrado la investigación por una estada cometida entre los años 2005 y 2007 en cinco cajas de ahorro (Caja Navarra, España, Laietana, Manlleu y Terrassa) a través de operaciones inmobiliarias con la mercantil Cipsa en las que se abonaron por parte de las entidades financieras cantidades por trabajos irreales. La juez observa indicios de delito en 25 personas y, entre estas, figuran cinco exdirectivos de algunas de las citadas entidades. La juez encuentra así responsable del desvío de 840.000 euros por una operación en Mataró a dos exdirectivos de Can, Jesús Javier M.D., y Alejandro D.P., que crearon una empresa mixta con Cipsa, Cubican Cipsa (Jesús Javier era director general de Cubican y Alejandro era administrador mancomunado de Cubican-Cipsa), para llevar a cabo el fraude inmobiliario.

La empresa Cipsa, ya extinta y propiedad del constructor Carles Fernández, es la mercantil sobre la que pivota esta trama, en la que la juez ha rechazado las peticiones de sobreseimiento de los dos exdirectivos de Can. Fernández creaba una empresa mixta con las distintas entidades para comprar solares o edificios, la operación se financiaba con créditos hipotecarios a cargo de las cajas y luego se giraban facturas falsas por servicios que no se habían dado. Por tanto, esas cantidades se convertían en efectivo que no se tributaba. La investigación judicial ha detectado hasta once operaciones sospechosas. En una están implicados los exdirectivos de Can por la compra de unos terrenos en 2006 en Mataró por 21,5 millones de euros. En la misma, Cipsa facturó y cobró de Cubican 215.000 euros por trabajos pagados a un estudio de arquitectura, que niega este cobro y haber facturado trabajo alguno. Asimismo, Cipsa facturó a Cubican 645.000 euros por trabajos supuestamente pagados a las empresas Latinroble, Inversiones Kurni y Valcar 10, cuyos responsables también están implicados en la trama.

La juez quiere sentar en el banquillo a los dos exdirectivos de Can por conocer, autorizar o no informar desfavorablemente a determinados desembolsos, sobrecostes, en operaciones inmobiliarias, que causaron un perjuicio a la Caja. El dueño de Cipsa declaró que estos exdirectivos conocían los aspectos económicos de la operación, entre ellos el pago de las comisiones en negro, y reconoció también la mendacidad de la factura del despacho de arquitectos. De Latinroble e Inversiones Kurni, a las que pagó Cubican, la juez dice que carecían de trabajadores e igualmente Valcar 10, que era una empresa instrumental del constructor Fernández.

pagos antes de comprar Por lo tanto, la instructora concluye que “resultan indicios de que tales pagos no correspondían a servicios realmente prestados y que Jesús Javier M.D. nada hizo por corroborar la realidad de las mismas, cual era su obligación, asumiendo su pago con anterioridad a la real adquisición, pues el pago al despacho de arquitectos es un día antes a la compra del terreno”. El otro exdirectivo, Alejandro D.P. manifestó que le extrañaba “aquel elevado concepto de pago por intermediación y que la primera persona que conoció y debatió el proyecto con el constructor fue Jesús Javier M.D. y que los pagos eran controlados por Cubican”. En definitiva, dice la juez, “el hecho cierto es que en 2006 el sector inmobiliario se encontraba en plena revalorización, pero ello no eximía a los representantes de las Cajas en las participadas y de ser diligentes en la gestión de los fondos de los ahorradores”.