PAMPLONA - Un agente de la Policía Municipal de Pamplona ha sido condenado a 14 meses de prisión y a pagar una multa de 1.440 euros como autor confeso de un delito de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsificación de documentos mercantiles y una falta continuada de apropiación indebida, por haberse quedado con dos DNI que encontró en la capital navarra, los cuales utilizó para solicitar numerosos préstamos en diversas entidades de crédito. La resolución dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 considera que concurren las atenuantes de reparación del daño y anomalía psíquica, ya que el acusado está diagnosticado de ludopatía grave.

La sentencia, dictada por conformidad de las partes, relata como hechos probados que, con posterioridad al día 6 de julio de 2014, el acusado encontró en Pamplona los carnés de dos varones que en la fecha mencionada interpusieron una denuncia por su sustracción, en el marco de las fiestas de San Fermín.

Con los documentos en su poder, el acusado acudió el 18 de julio de 2014 a un establecimiento de telefonía móvil situado en la capital navarra, donde adquirió una tarjeta prepago con uno de ellos. Al solicitarle la empleada su DNI, el hombre le dijo que no lo tenía y le facilitó en una nota manuscrita los datos que en realidad correspondían a uno de los titulares de los documentos que se había encontrado con anterioridad. A continuación realizó una firma para simular la identidad del auténtico titular del DNI.

El acusado acudió ese mismo día a una oficina del Banco Popular Español, situada en la plaza del Castillo, donde solicitó abrir una cuenta corriente a nombre de la misma persona y para ello aportó el número de teléfono que acababa de adquirir. Igualmente, realizó una firma simulando ser el titular del mismo carné.

Con la cuenta corriente abierta fraudulentamente y el teléfono móvil contratado del mismo modo, el acusado empezó a utilizar el DNI que se había encontrado para gestionar solicitudes de préstamos personales en distintas entidades.

nóminas manipuladas Así, la sentencia relata que el 20 de julio aportó a la empresa Banco Cetelem dos nóminas falsificadas del Ayuntamiento de Pamplona a nombre del titular del DNI como supuesto policía municipal, nóminas que había falsificado a partir de dos nóminas originales a su nombre, puesto que trabajaba como policía municipal, tras manipular los datos originales en documentos Word. De esta forma, el acusado obtuvo un préstamo de 6.000 euros, una cantidad que sin embargo no le fue abonada en la cuenta corriente ya que el titular que figuraba en la misma advirtió al Banco Popular Español de la falsedad de la operación que se había realizado a su nombre.

En fechas posteriores, y siguiendo el mismo modus operandi, el acusado gestionó fraudulentamente solicitudes de préstamos personales a las empresas Cofidis, Vivus Finance, Kredito 24 Spain, P10 Finance, Caspher Capital Management por importe de 6.000 euros, 300 euros, 300 euros 230 euros y 200 euros, respectivamente. Las solicitudes fueron aprobadas en todos los casos, menos en el de Cofidis, y el acusado recibió en la cuenta corriente abierta de forma fraudulenta cuatro ingresos que sumaron 1.030 euros.

El 24 de julio, el acusado acudió a una oficina del Banco Popular Español, donde solicitó en ventanilla un reintegro de 1.000 euros y firmó el justificante con el apellido del titular del DNI que se había apropiado y una semana después abrió otra cuenta corriente de forma fraudulenta en una oficina de Kutxabank situada en Burlada, en la que aportó el mismo documento y también firmó simulando ser su titular.

El 2 de agosto, utilizando el segundo DNI que se había encontrado semanas antes, el acusado reprodujo las mismas gestiones: adquirió una tarjeta prepago de telefonía móvil a nombre del titular y con ese número de móvil solicitó fraudulentamente sendos préstamos de 6.000 euros a la empresa Cofidis y BigBank. Ambas operaciones fueron rechazadas, concluye la sentencia, que indica que el acusado consignó 1.210,35 euros en el juzgado para hacer frente a los pagos a los perjudicados, por lo que el juez aprecia la atenuante de reparación del daño, así como la de anomalía psíquica por su ludopatía diagnosticada.