Hasta un 80% de jueces navarros han secundado la huelga de tres días

De esta forma, entre el martes y el jueves se han suspendido decenas de vistas y señalamientos judiciales que afectan a todo tipo de procedimientos. Según las cifras recabadas, de los 25 juzgados unipersonales (órganos con un solo juez) en los que se podía seguir el paro, han hecho huelga 21. Otros tres están cubiertos por jueces sustitutos, que no estaban llamados a la convocatoria, y tres más estaban de vacaciones. Se han respetado los servicios mínimos que fijó la comisión gestora, con especial incidencia en la jurisdicción penal, en el sentido de atender aquellas causas con personas presas, detenidas y en cuestiones que afectaran a su libertad.

Tudela, Estella, Tafalla y Aoiz

Asimismo también se fijó como servicios mínimos la prestación en el juzgado de Menores, debido a la consideración de personas vulnerables. Por su parte, en otros partidos judiciales, la huelga ha tenido también un alto seguimiento. En Tudela secundaron el paro cuatro de los cinco jueces, en Estella uno de dos, en Tafalla los dos y Aoiz solo cuenta con jueces sustitutos por lo que no es reseñable para la estadística. Por su parte, en la Audiencia Provincial, al menos ayer hicieron huelga 9 de los 12 magistrados, mientras que en Fiscalía la siguieron 8 de los 17.

Las asociaciones convocantes –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– consideran que las leyes que quiere aprobar el Gobierno central suponen un ataque al Estado de Derecho y lamentan “los perjuicios que esta situación ha podido ocasionar a la ciudadanía y a los operadores jurídicos”, a los que reiteraron sus “más sinceras disculpas”. “Nuestro objetivo ha sido visibilizar reivindicaciones legítimas para la mejora del sistema judicial y del Estado de Derecho, siempre con respeto y responsabilidad hacia quienes confían en la administración de justicia”, incidieron en un manifiesto hecho público en todo el Estado.

María Alemán: “Da igual la ideología, así no se puede salir adelante”

María Alemán, jueza decana de Pamplona, titular del juzgado de lo Penal 1, forma parte de la comisión gestora de la huelga por la asociación Foro Judicial Independiente.

¿Qué valoración hace de los datos de la huelga de jueces en Navarra?

-Refleja que la gran mayoría de la carrera judicial piensa que esta situación no puede salir adelante. Da igual la ideología que tenga cada uno. No es la primera huelga que hacemos en los últimos años, Pero no se trata de una cuestión ideológica. Incluso asociaciones como Jueces para la Democracia y Asociación Progresista de Fiscales, que no secundaban la huelga, han hecho comunicados muy duros contra los proyectos que se cuestionan. El proyecto que busca modificar el acceso a la carrera judicial se tramita por vía de urgencia en el Congreso y no tiene ninguna razón para hacerlo.

A su juicio, ¿a qué responde dicha urgencia para su aprobación?

-Lo desconozco, lo cierto es que hay un interés inusitado por sacarlo adelante. Entiendo que puedo influir la inestabilidad política actual y que eso lleve a que se haya acelerado, pero eso es solo mi opinión. Lo que he leído es que el Gobierno quisiera aprobar el proyecto en un pleno extraordinario a finales de julio.

¿Qué normas cuestionan?

-Son dos, básicamente, de gran repercusión. Por un lado el proyecto de acceso a la carrera judicial y, por otro, el anteproyecto que concede la instrucción penal a los fiscales.

¿Por qué motivos?

-Ambas nos afectan en nuestras condiciones profesionales y en la independencia. El cambio para acceder a la carrera tiene muchas derivadas, todas ellas relevantes, para la situación de las últimas promociones de jueces. El acceso habitual a la judicatura a través de oposición libre en el centro de estudios jurídicos va a cambiar. Dicho centro lo preside el ministro de Justicia y se pretende que se convierta en un centro de formación de opositores, que es el mismo que concede las becas. Por tanto, se va a conocer a las personas a las que se está becando. Además, se modifican ejercicios para que el examen sea práctico. Es curioso porque en el actual modelo de acceso, después de hacer el examen teórico, tenemos que pasar dos años de práctica, en la escuela judicial y en los juzgados. No tiene sentido que se lleve un cambio así salvo que dejemos un margen de discrecionalidad en la elección. Empezamos a tener dudas de lo que se pretende.

Otra de las grandes reivindicaciones afecta a los jueces sustitutos.

-Hay unanimidad en que hay que mejorar las condiciones de los jueces sustitutos, que tienen una disponibilidad absoluta para cubrir una vacante y que solo están dados de alta en la Seguridad Social cuando están trabajando. Así no se puede vivir, no es una condición laboral ni medio seria. Pero eso no significa convertirlos en jueces titulares. Porque eso quiebra los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y lo que pretende la reforma es que los jueces sustitutos entren a la carrera judicial con cinco años de experiencia en Derecho, que superen una baremación y un dictamen práctico de carácter subjetivo. Eso quiebra la igualdad de oportunidades. Respeto muchísimo a los sustitutos, pero ese proyecto incumple la Constitución. El PSOE aprobó una enmienda en el proyecto que pretende que accedan a la carrera más de 600 plazas de jueces y 300 de fiscales. Además, una vez que superen el práctico podrán elegir su lugar de residencia y se les reconoce una antigüedad de cinco años para acceder a cargos de libre designación.Por lo tanto, a todos los compañeros de las últimas promociones los van a pasar por encima (les superarían por escalafón para vacantes de toda España). Además, se les da posibilidad de trabajar en el TSJ en el que se han formado o el más cercano a su lugar de residencia. Es una discriminación o agravio con el resto de compañeros. Tengo a compañeras que han tardado 13 años en llegar a un juzgado de Pamplona después de estar en varios destinos. Si se aprueba así el proyecto, hay gente que se puede ir despidiendo de trabajar en un juzgado cerca de su casa.

¿Pueden instruir los fiscales?

-No es un problema dar la instrucción penal en los fiscales, de hecho existe en varios países europeos, pero en España el Fiscal General del Estado es designado por el partido en el poder y tiene un rango de jerarquía sobre el resto de fiscales. No puede ser que se nombre a alguien dependiendo del color político. La dependencia jerárquica no es sostenible.

¿Ha visto algún avance?

-No, de hecho creo que lo manifestado por el ministro, que habla de un 28% del seguimiento de huelga, no parece que tenga intención de pararse a sentar. Iremos viendo lo qué hacer. Somos jueces europeos. Si no hay respuesta, habrá que acudir a Europa. Pero la huelga ha tenido un seguimiento muy serio y quiero confiar en que lo reconsidere.