La inspección detecta fraude solo en un 3,5% de VPO e incluirá los pisos vacíos en el próximo control

pamplona - La utilización de los pisos protegidos (o VPO) como vivienda habitual, fin social para el que están destinados, se cumple mayoritariamente en Navarra, según la última campaña de inspección realizada por el Gobierno de Navarra el pasado año cuando en este control que ejecuta la Policía Foral se detectó fraude en solo un 3,5% de los casos, dos puntos menos que el año anterior. Así lo indicó ayer el departamento de Derechos Sociales que avanzó la inclusión de las viviendas desocupadas en el próximo plan de control, una inspección que ahora, además, está avalada por la ley de vivienda de 2013 que desbloqueó recientemente el Tribunal Constitucional.

El Departamento de Derechos Sociales, con la colaboración de Policía Foral, supervisó en 2017 la ocupación de 547 viviendas protegidas para garantizar el fin social de las mismas. Las actuaciones, tal y como recordó ayer el Gobierno de Navarra, vienen contempladas en el vigente plan de inspección, que pretende intensificar el control para garantizar que las viviendas protegidas se destinan a su principal fin social: que están efectivamente ocupadas y constituyen el hogar de una unidad familiar.

El objetivo de estas campañas de control, que se llevan a cabo en Navarra desde hace varios años, es conseguir una mayor concienciación acerca de la obligación de ocupación de las viviendas protegidas, recordando como alternativa frente a la desocupación punible de las viviendas la posibilidad de arrendar las mismas, con total garantía frente a impagos y daños, a través de la Bolsa de Alquiler de Nasuvinsa. Las actuaciones de control en 2017 y en 2018 se están centrando en las viviendas adjudicadas en los años 2013 y 2014, precisa el Ejecutivo Foral.

En total, durante 2017 se llevaron a cabo 547 inspecciones de ocupación de las VPO, habiéndose abierto 33 expedientes sancionadores, de los cuales finalmente se archivaron 14. En los 19 casos en los que se detectó fraude, se impusieron sanciones, 18 por infracciones graves, con multas de 3.001 euros, y en un caso por infracción leve, con penalización de 300 euros. De este modo, y según destacaron fuentes del departamento de Derechos Sociales, “se comprueba que el porcentaje de viviendas que no se destinan a domicilio habitual y permanente es realmente bajo (por debajo del 3,5%) y algo menor que en el año 2016, cuando se llevaron a cabo 450 inspecciones de ocupación de las viviendas protegidas y se sancionó a un total de 26 personas (5,77%)”. Las mismas fuentes indican que para este año 2018 se prevé un número de inspecciones similar, habiendo comenzado ya los requerimientos para aportar los consumos de agua, gas y electricidad, así como otros medios de prueba de la efectiva ocupación de las viviendas. En algunos casos la inspección puede realizarse mediante visita de la Policía Foral.

alquiler bajo manga Fuentes de Nasuvinsa precisaron que el fraude más habitual consiste en la adquisición de VPO y una vez que una persona se hace con la vivienda no la utiliza o bien la alquila bajo manga. La Administración conoce esta situación irregular bien por la ausencia de consumos (aunque se ha llegado a detectar que un titular del piso acudía cada día para dejar los grifos abiertos un rato) tanto de agua como de luz, así como por los administradores de fincas a la vista de la morosidad, impagos de gastos de comunidad. Las mismas fuentes indicaron que “es muy raro” que denuncien los vecinos.

La Policía Foral acude a estas viviendas en varias ocasiones antes de incoar el expediente. En cuanto a Nasuvinsa, su labor se centra en hacer seguimiento de los alquileres que gestiona, es decir de que los titulares de las viviendas cumplen los requisitos por los que accedieron al alquiler de las mismas y los principales motivos del fraude en este casos constituyen “cambios” de las condiciones personales tales como haber incrementado los ingresos sin comunicarlo.

Censo para fin de año. El Gobierno ha iniciado el proceso para crear el censo de viviendas vacías, que prevé tenerlo disponible para fin de año. Además, dispone de 6 meses para aprobar el decreto de desarrollo de la ley. Una vez que haya censo, los ayuntamientos podrán grabar con impuesto especial las viviendas que estén vacías a partir de los 6 meses. El Gobierno intervendrá en las viviendas propiedad de personas jurídicas que estén vacías a partir de dos años.

Entre 13.000 y 24.000. La Encuesta de Vivienda de Navarra de 2016 estima que existen 24.500 vacías, cifra que rebajan a unas 13.000 los responsables de vivienda. Las penalizaciones no afectan a las consideradas por los propietarios segundas viviendas.