Salud atribuye el despido de un trabajador del SNS-O al traslado por concurso de una funcionaria

PAMPLONA. El Departamento de Salud ha remarcado que el contrato declarado nulo por una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona se firmó en el año 2003 y ha destacado que las plazas ofertadas desde 2016 hasta la fecha han sido las "máximas permitidas" por la Administración central.

Después de que CCOO haya dado a conocer este miércoles que Salud ha sido obligado a readmitir a un trabajador por un despido improcedente y haya exigido "medidas para terminar con la tasa de temporalidad", el Departamento ha explicado que fue en el año 2003 cuando "se firmó el contrato administrativo temporal a un empleado de servicios múltiples (nivel E)".

"Este contrato se rescindió en 2017, ya que una funcionaria se incorporó a esta plaza tras obtenerla en propiedad mediante concurso de traslado", han explicado fuentes del Departamento de Salud.

Según han indicado, "el trabajador temporal recurrió el despido alegando que el contrato de 2003 se hizo en fraude de ley de conformidad con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores".

"El 4 de julio de 2018 un juzgado de lo social estimó la demanda y sentenció que el contrato inicial, firmado en 2003, se hizo en fraude de ley ya que en el expediente no se justificaron ni acreditaron las circunstancias exigidas por la normativa para acudir al contrato temporal administrativo", han afirmado desde el departamento dirigido por Fernando Domínguez.

En consecuencia, han agregado, "en la sentencia se concede la doble opción de indemnizar por despido improcedente o bien readmitir al trabajador como personal indefinido no fijo (continuará en la plaza hasta que se cubra por oposición)" y el SNS ha optado por "no recurrir la sentencia sobre este contrato de 2003 y por readmitir al trabajador".

Por otro lado, el Departamento de Salud ha subrayado que en esta legislatura ha sacado "una oferta pública del 100% de las plazas vacantes que le permite convocar la administración central". Según ha indicado, "esta limitación establecida por el Estado ha impedido al Departamento de Salud convocar en esta legislatura un mayor volumen de oferta pública, imprescindible para avanzar en la creación de empleo de calidad y en la reducción de los actuales niveles de temporalidad que se vienen arrastrando desde etapas anteriores".

En concreto, Salud ha aprobado 1.032 plazas de oferta pública de empleo desde 2016 hasta la fecha, "el máximo permitido por la Administración central".