El PSN plantea elevar a 17 semanas la baja de paternidad para empleados públicos forales

PAMPLONA. El grupo parlamentario del PSN ha registrado en la Cámara una proposición de ley para ampliar de 5 a 17 semanas la baja por paternidad de los empleados públicos al servicio de la Administración Foral.

La iniciativa, según ha indicado Nuria Medina, busca paliar la "inacción" del Gobierno de Navarra durante tres años y hacer de la Administración foral "punta de lanza" para avanzar en la conciliación y con ella en una sociedad más igualitaria, cohesionada y desarrollada.

Medina ha añadido en rueda de prensa que para conseguir estos objetivos la proposición de ley del PSN es "un paso en una carrera de fondo", al entender "fundamental" que los padres "asuman la crianza y la responsabilidad desde el primer momento".

Por eso los socialistas esperan concitar el apoyo "unánime" de un Parlamento donde "todos los grupos" tienen un discurso favorable a la igualdad.

Con un calendario de aplicación progresivo desde 2018 hasta 2020 dado el coste económico y los cambios organizativos que tendrá su aplicación, aunque el PSN no los ha calculado, el texto plantea que la baja de 17 semanas por paternidad en este colectivo de trabajadores, igual a la vigente por maternidad, sea remunerada al 100%, intransferible y con la posibilidad de hacer uso de 12 semanas a lo largo del primer año de vida del bebé.

Medina ha indicado que esta medida contribuirá a la conciliación de las mujeres que ahora en "casi la mitad de los casos ven cómo ha empeorado su situación laboral" cuando regresan de una baja por haber sido madres.

Tras apuntar además que son familiares, generalmente los abuelos, quienes ayudan a las mujeres, la socialista ha reivindicado que la conciliación sea "un asunto público" y para ello, ha precisado, "hay que dar una respuesta desde la política".

"La conciliación tiene que dejar de ser un quebradero de cabeza, que no sea necesario renunciar a una faceta de la vida para que las otras encajen", ha subrayado, y asegurado que la conciliación no puede favorecer "el acceso, permanencia y promoción" de la mujer en el empleo sino también un crecimiento social "más justo y equitativo" y "un beneficio emocional".