17 kilómetros de folios en el archivo judicial

En su último día de trabajo en el archivo judicial, Teresa Eslava, la jefa de negociado que ahora cambia de área, tuvo una despedida a lo grande. Una veintena de personas, en su mayoría funcionarios de Justicia, seguían con atención sus explicaciones en los pasillos de la sala más grande de almacenaje de documentos, de las cinco que alberga el Palacio de Justicia de Pamplona. Allí abajo, en el sótano, encuentran cobijo 1.680.000 expedientes judiciales, un tesoro en papel que ocupa, si se pusieran los folios en vertical, 17,5 kilómetros. De la plaza del Castillo a El Perdón ocuparía la historia judicial de esta tierra, al menos la documentada, porque ha habido que sobrevivir a varios expurgos en tiempos pasados. Eslava y su compañero Eduardo Elcano realizaron la visita guiada por una de las joyas mejor sepultadas del edificio judicial. Gigantescos armarios compactos que ruedan sobre rieles que se tardan en nivelar tres semanas para que todo vaya como la seda a la hora de moverlos. La iniciativa, a instancias de la Dirección General de Justicia, coincide con el Día Internacional de los Archivos (9 de junio) y el vigésimo aniversario de las transferencias de las competencias de Justicia a Navarra.

Pese a estar rodeados de 145.000 cajas, ordenadas por códigos numéricos que es lo único a la vista del técnico, del consultor o del ciudadano (lo que garantiza la confidencialidad y evita el cotilleo), Eslava precisa que quienes acuden a ellos para efectuar una consulta urgente, la misma será atendida en un máximo de diez minutos. Ahora, inmersos en el documento híbrido (aquel que combina papel con soporte digital), el objetivo es alcanzar el papel cero a través del expediente electrónico. Queda mucho para esa meta.

Por el momento, el archivo alberga todos aquellos procedimientos ya cerrados y que se utilizan para consultas legales. Además, cada órgano judicial cuenta con un espacio de archivo propio en su oficina para los expedientes en fase activa. “Recibimos consultas de muchos investigadores a los que les interesa un determinado tema, por ejemplo el robo de la catedral, o un asunto de falsificación de monedas. O alguien que está haciendo una tesis sobre un ámbito determinado. También vienen particulares por expedientes de inscripción en la Guerra Civil o por bebés robados. Nosotros recibimos la consulta y se la traspasamos al órgano judicial correspondiente, que es el que determina si la consulta es válida”, explica Eslava.

Una comisión de expertos judiciales es la encargada de valorar si los documentos deben permanecer documentados. “Estaremos de acuerdo en que no sirve de mucho guardar una causa sobre un hurto en Sanfermines. Eso no tiene un valor histórico. Por eso, en 2017 se eliminaron 6.500 cajas de documentos en una destrucción que es confidencial. Está reglado hasta el tamaño de los centímetros con el que el papel sale de la trituradora para que no se puedan recomponer los folios”.