PAMPLONA - Unos 40 afectados por el cierre de la clínica Odent en Pamplona ya han contactado con el gabinete jurídico Iuris Consum de la capital navarra para demandar a la responsable del establecimiento, que cerró con decenas de tratamientos pagados sin terminar. Los promotores de la iniciativa buscan a más perjudicados, como trabajadores, protésicos o comerciales, además de pacientes para iniciar acciones legales contra la dentista.

El Colegio Oficial de Dentistas denunció a comienzos de mes a la Policía el cierre de la clínica Odent, en el barrio pamplonés de San Juan, para que investigue lo ocurrido tras destacar que algunos casos de tratamientos de varios miles de euros por la colocación de implantes que, tras mucho tiempo, han quedado inacabados, mientras que otros pacientes reclaman mala praxis por parte de la dentista que regentaba la clínica así como la imposibilidad de acceder a sus historias.

Un grupo de perjudicados por el cierre de la clínica dental se han organizado y han creado la web afectadosodent.es para que “los afectados puedan reclamar judicialmente o a través de los medios que correspondan legalmente. No queremos que nuevos pacientes se vean afectados por estas prácticas”, asegura el dentista Manuel Peleato, promotor de la iniciativa a instancias de varios afectados, que de mano del despacho Iuris Consum pretenden iniciar las acciones legales correspondientes contra María Teresa Gómez Vargas. Ya han contactado con ellos unos 40 afectados, indica Peleato, quien añade que “animamos a que todos los pacientes reclamen por su cuenta si lo consideran oportuno, porque vemos posibilidades de que recuperen su dinero gracias al seguro de responsabilidad civil”.

El Colegio Oficial de Dentistas, que ya había manifestado ante el departamento de Salud su preocupación por la situación de esta clínica, intentó sin éxito ponerse en contacto con la responsable para recabar información sobre cada una de las quejas y le ha abierto un expediente disciplinario por cada una ellas. La Administración ya cerró otra clínica de esta misma persona en la plaza del Consejo en Pamplona y en enero fue condenada por mala praxis al extraer a un paciente los premolares sin ser necesario y declarada en rebeldía por no presentarse al juicio.