- Francia se reafirma en su postura firme ante los sanitarios: todos deben estar vacunados. El gobierno galo puso ayer incluso una fecha límite: el 15 de septiembre. El primer ministro francés, Jean Castex, afirmó ayer que los sanitarios que no estén vacunados a partir de esa fecha serán sancionados y lo justificó con los casos de contaminaciones que se han producido en residencias. “No retrocederemos”, subrayó Castex en una entrevista en la emisora RTL en la que aludió a una residencia en la que personas mayores fueron contagiadas por el personal encargado de cuidarles. “Nadie puede entender eso”, añadió.

Castex destacó asimismo que al fijar el plazo del 15 de septiembre para la aplicación de la obligación de vacunación de los sanitarios -como para otros colectivos profesionales en contacto con personas vulnerables- se ha acelerado la inmunización. “Hemos superado el 83 % de sanitarios vacunados. Nuestra táctica ha tenido efectos”, dijo.

El primer ministro indicó que la tercera dosis que se ha aprobado para los mayores de 65 años y para las personas con enfermedades que entrañan un riesgo en caso de covid se empezará a administrar en las residencias a partir del 12-13 de septiembre.

El resto de los grupos concernidos por esa dosis de recuerdo podrán pedir cita para vacunarse “desde comienzos del mes de septiembre”, precisó. Para recibir esa nueva dosis, tendrán que haber pasado al menos seis meses desde la precedente. Castex excluyó, al menos de momento, imponer el certificado sanitario en las empresas.

En Francia el certificado sanitario, que prueba haber completado la pauta de vacunación, haber superado el coronavirus hace menos de seis meses o tener un test negativo de menos de 72 horas, se ha convertido en obligatorio para muchas actividades de la vida social, incluso para ir a un bar o a un restaurante.

A principios de mes, el Gobierno francés recibió el visto bueno por parte del Consejo Constitucional, el organismo encargado de velar por el respeto de la Carta Magna en la normativa, a la obligación de que el personal médico se vacune contra la covid, una de las dos medidas más polémicas previstas en el país contra la pandemia, junto a la de presentar un certificado sanitario para acceder a bares y restaurantes, y que también obtuvo el plácet del tribunal.

El Consejo Constitucional estima que la protección de la salud que estas medidas ofrecen está por encima de la afrenta a las libertades que denuncian los opositores de la ley.

No todas las disposiciones evaluadas, no obstante, obtuvieron el aval del organismo. El Consejo Constitucional censuró la posibilidad de romper de forma anticipada un contrato temporal o interino a quienes no dispongan de ese justificante sanitario. E igualmente vetó el aislamiento obligatorio durante diez días de quienes hayan dado positivo de coronavirus, el mismo que se aplica a quienes lleguen procedentes de un país de riesgo elevado, al considerar que constituye una privación de la libertad.

Ambas medidas, sobre todo la presentación del pasaporte sanitario, ha desatado una oleada de protestas que se han repetido a lo largo y ancho del país francés durante todo este mes de agosto.