- El Consejo de Ministros aprobó ayer el Anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud en el que, entre otros asuntos, se cierra la puerta a nuevos copagos, se ponen trabas a que se privatice la sanidad pública y se amplía la asistencia sanitaria universal.

Según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, una de las medidas más importantes del Anteproyecto es “blindar” la sanidad pública, de forma que el modelo de gestión “preferente” a partir de ahora será la “directa”, es decir, la realizada directamente por las administraciones públicas. En cualquier caso, también se establecen “excepciones” para que la gestión de los centros sanitarios sea “indirecta”, es decir, a través de modelos privados, pero solo como “complementaria y de apoyo”. “Nunca sustituiría a la pública”, aseguró Darias.

De esta forma, solo se podrá externalizar la gestión sanitaria “cuando no se a posible la gestión directa” y cuando se motiven una serie de requisitos , como “la optimización de recursos sanitarios” o la “insuficiencia de medios para prestar los servicios”. Será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas para decidir si las CCAA que quieran privatizar un servicio sanitario cumplen los requisitos o no. Por todo ello, Darias defendió que el anteproyecto “requisita exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas”, a pesar de que las competencias sanitarias están transferidas.

El Anteproyecto también contempla la posibilidad de realizar, dentro de un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la Ley, una “modificación legislativa y normativa” a nivel nacional para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir y recuperar privatizaciones de centros sanitarios “en las mejores condiciones posibles”.

“La Ley pone en valor la importancia de lo público. Los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida y constituyen uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar. De ahí la importancia de seguir fortaleciéndolo. Se trata, a través de la consolidación de la equidad, cohesión y universalidad, de seguir mejorando la vida de la gente y protegiendo a los más vulnerables”, resumió la ministra.

El Anteproyecto tiene como objetivo “establecer la eliminación de los copagos sanitarios”, especialmente en transporte sanitario no urgente. Y también amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables, al igual que se hizo con los copagos farmacéuticos.

Así, se beneficiarán, según los datos del Gobierno, unas 6 millones de personas. Igualmente, el Gobierno busca recuperar la Cartera Común de Servicios “única”, evitando las discrepancias de prestaciones entre comunidades autónomas que provocan desigualdad entre los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia.

En cuanto a la universalidad, el Gobierno pretende garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todos los ciudadanos, independientemente de su origen, pero, sobre todo, amplía el derecho a colectivos, como personas de origen española que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y sus familiares.

l Ley de Ciencia. Dieciocho meses, lo que resta de legislatura. Es el plazo que se ha concedido el Gobierno para aplicar un paquete de treinta medidas concretas con las que pretende retener a los mejores científicos y estimular además la llegada de investigadores extranjeros al sector público y privado español. Con el Plan de atracción y retención de talento científico e innovador, el Gobierno quiere movilizar una cantidad que rondará los 3.000 millones de euros.