El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dejado en libertad al joven de 19 años investigado como supuesto autor del ciberataque perpetrado en octubre de 2022 al Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mediante el que accedió a datos bancarios de medio millón de contribuyentes.
Tras poco más de mes y medio en prisión preventiva, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha acordado poner en libertad a José Luis H., alias Alcasec, aunque le ha impuesto una serie de medidas cautelares, según informan a EFE fuentes jurídicas.
En concreto, el magistrado ha decretado la obligación del joven de comparecer cada quince días ante el juzgado más próximo a su domicilio, le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España.
Según las fuentes, para tomar su decisión, compartida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el juez ha tenido en cuenta la edad del investigado y su colaboración con la Justicia desde que fue detenido a finales de marzo.
Conocido como Alcasec, José Luis H. reconoció desde el primer momento ante el magistrado los hechos por los que se le investiga, entre ellos el acceso a 575.186 cuentas bancarias tras entrar a la base de datos de "cuentas ampliadas" de la Agencia Tributaria.
Las claves de dos funcionarios, el inicio del ciberataque
El ciberataque tuvo lugar el 18 y el 20 de octubre de 2022 gracias a que el joven consiguió de forma ilícita las claves de dos funcionarios de la Administración de Justicia.
Con ellas accedió, según el juez, al Punto Neutro Judicial, la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones y que se gestiona desde el CGPJ, que fue el que alertó del ciberataque.
El investigado admitió que la información a la que accedió fue transferida a dos servidores alojados en Lituania, desde los que, explicó el juez en el auto en el que le enviaba a prisión, se habrían vendido datos personales de múltiples afectados a través de la plataforma uSms.
Los pagos por esa información se hacían en criptomonedas e iban dirigidos a los denominados "monederos fríos" vinculados al investigado y en los que habría recibido ingresos por valor de 553.707 dólares.
Precisamente el juez tuvo en cuenta esas "importantes cantidades de criptomoneda" de las que dispondría el joven para enviarlo a prisión preventiva el pasado 3 de abril al considerar que entonces existía riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas.
Experto en criptoactivos y ocultación de fondos, el joven estaba considerado como una "amenaza grave" para la seguridad nacional por "la magnitud de sus ciberataques y los datos sensibles que manejaba", según informó la Policía tras su detención.
